El Congreso del Perú aprobó este martes adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento de frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo.
En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores, y contempla también que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.
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El presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que para la entrada en vigencia, esta reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en los próximos meses. Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, pero el pedido no prosperó.
Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos. Según las encuestas, 83% de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver la crisis.
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Este martes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades "para recibir información sobre la crisis institucional y protestas".
La Cidh se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno y planea recorrer algunas ciudades del país.
Asilo en México
El gobierno peruano concedió este martes el salvoconducto (permiso) para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales.
La esposa e hijos del gobernante se encuentran desde el martes por la mañana en la embajada de México en Lima y se les otorgó el asilo, según había confirmado más temprano el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
El gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Castillo como una "injerencia" en los asuntos internos del país, declaró este martes persona non grata al embajador de ese país en Lima, Pablo Monroy, y le dio "72 horas para abandonar" el país.
La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo.
Aseguró que el gobierno peruano se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento.