La Corte de Casación de Francia emitió un fallo en favor de las mujeres víctimas de los implantes PIP defectuosos y reversó una decisión de 2015 en la que un tribunal de ese país sostuvo que el certificador alemán TÜV Rheinland no era responsable por los problemas de calidad de las prótesis.

Así las cosas, queda en firme la decisión de 2013, en la que se ordena una indemnización a las afectadas y se ratifica que la firma germana se ve comprometida en el proceso de elaboración.

Nathalie Lozano es la abogada que en Colombia representa a 7400 mujeres perjudicadas por estos implantes. De la primera demanda, la de 2013, hay amparadas 1517 colombianas.

"El fallo es trascendental porque echaron para atrás la decisión que era contraria a nosotros, quiere decir que 1517 mujeres podrán acceder a sus indemnizaciones complementarias. Y esto, sin duda, tendrá un efecto del segundo proceso, que cobija a 6137 víctimas de los implantes", indicó la abogada.

Las mujeres que se vieron afectadas por estas prótesis en su momento acudieron a ellas por razones de estética o por razones de salud, como la pérdida de uno de sus senos por un cáncer.

Lozano es la apoderada ante los tribunales internacionales de 1600 caleñas, 1490 mujeres de Medellín y 970 de Bogotá. Armenia con 260 y Bucaramanga, con 70, también hacen parte de la demanda colectiva interpuesta. En la región Caribe hay 190 afectadas, según la abogada.

Aunque los implantes llegaron al país a través de una firma legalmente constituida y con domicilio en Cali, una vez estalló el escándalo de los representantes de esa compañía no se volvió a tener información.

“Los propietarios desaparecieron de la faz de la tierra y no hay mucha información sobre ellos. Las mujeres adquirían los implantes directamente de los distribuidores, otra forma era mediante los cirujanos que importaron directamente las prótesis”, explica Lozano.

El fallo presupone un hito en materia judicial, toda vez que sería la base para que consumidores de cualquier producto puedan reclamar sus derechos si consideran que lo que adquirieron afectaba de una u otra forma su calidad de vida y no cumplía con los protocolos de calidad internacionales.

“Con la decisión de la Corte (de Francia) quedamos con un panorama más amplio en términos de responsabilidad de quienes venden sus productos, lo que significa que no solo son responsables los fabricantes, sino que tienen una responsabilidad amplia las compañías que deben certificar los procesos de calidad para que apliquen las normas de vigilancia, tendrán que reforzar sus procesos y sus maneras de trabajar”, añade la jurista.

La empresa alemana, de acuerdo con el expediente, dio el aval para distribuir los implantes mamarios sin haber exigido el lleno de los requisitos, como el caso del gel que tenían en su interior. La Corte de Casación, además, encontró que TÜV había cometido importantes fallas en la vigilancia, por ejemplo, al no revisar adecuadamente un sistema de control de insumos, que habría permitido detectar inconsistencias en el uso de materias primas.

Pese a que esa corte es considerada como un tribunal de cierre, el demandado tiene una última opción de interponer una revisión de la sentencia. Para ello tiene dos meses de plazo, conforme a la legislación penal francesa.

Con respecto a la indemnización, Lozano explica que “viene un proceso relativamente largo en el que revisarán el expediente de cada una de las afectadas para establecer cuánto le corresponde a cada una de ellas”.

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