Este viernes 22 de noviembre, un juez de Estados Unidos aplazó indefinidamente el anuncio de la sentencia en contra de Donald Trump por el caso de la ex actriz porno Stormy Daniels, por el cual el nuevo mandatario de ese país fue condenado en mayo pasado.
La Fiscalía de Nueva York se había mostrado abierta el pasado martes a un nuevo aplazamiento de la sentencia contra el entrante Presidente en el caso por la compra del silencio de una ex actriz porno, aunque el juez instructor mantenía el suspenso sobre su decisión de detener el proceso o seguir adelante.
Es que la victoria del republicano en las elecciones del pasado 5 de noviembre ha llevado a la Justicia de ese país norteamericano a una situación inédita.
La defensa solicitó la semana pasada que se suspenda o se desestime el único de los frentes judiciales abiertos contra el magnate de 78 años, que lo sentó en el banquillo.
En efecto, Trump fue declarado culpable en mayo de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que siempre ha negado.
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se había mostró abierto a una “suspensión” de los procedimientos mientras se resuelve la petición del defendido de desestimarlo, a lo que se opone.
“Ninguna ley establece que la inmunidad temporal de un presidente requiere la anulación de un proceso criminal a posteriori que se inició cuando el acusado no era inmune”, opinó Bragg en un escrito dirigido al juez Juan Merchan, que había fijado el 26 de noviembre para anunciar la sentencia.
Trump, el primer expresidente en sentarse en el banquillo, se enfrenta a cuatro años de cárcel por este caso, aunque los expertos se esperan una condena muy inferior o incluso libertad condicional.
La defensa había alegado que “la suspensión y la desestimación son necesarias para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad de gobernar del presidente Trump”, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero.
Antes de las elecciones, la defensa del magnate republicano había intentado anular el proceso o realizar un nuevo juicio tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre, para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un mandatario en ejercicio.