"Estamos tratando de sobrevivir", dice Francisco Cruz, un transportista peruano que hace más de 30 días está varado junto con decenas de camiones de carga cerca del puente que une los territorios de Bolivia y Perú, en el altiplano andino.

Con barricadas de tierra y piedras, habitantes del departamento de Puno (sureste de Perú), mantienen bloqueado el paso por el puente internacional de Desaguadero, una localidad emplazada sobre la línea fronteriza binacional, en el sur del lago Titicaca.

El bloqueo de esta vía es uno de los 81 cortes activos en siete regiones de Perú, en protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Pedro Castillo luego de ser destituido y arrestado en diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

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"Que renuncien todos los del Congreso más la Dina Boluarte, esa es mi opinión. Soy transportista, estamos acá (desde hace) 32 días desde que lo han botado a Castillo, que viene a ser el 7 de diciembre", dijo Cruz a la AFP este jueves.

El chofer se halla del lado boliviano de la frontera junto a una larga fila de camiones, que trasladan desde alimentos hasta materias primas para industrias, estacionados sobre la vía rodeada de ichu, un pasto característico del altiplano.

Mientras esperan combaten el hambre organizando ollas comunes. Sobre el chasís de un camión acomodan cazuelas, sartenes y otros enseres para cocinar.

"Al transporte pesado nos perjudica, nosotros no tenemos qué comer. No podemos pasar a nuestro país porque han quemado las aduanas. Hacemos una ollita común. Todos somos peruanos, estamos tratando de sobrevivir", manifestó Cruz.

El camionero reclama además que el gobierno de Boluarte no da "ninguna solución" al bloqueo de la vía. "No nos resuelve absolutamente nada. No [se] sabe hasta cuándo estaremos acá", indicó el conductor, dedicado al transporte de chatarra.

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Las protestas no muestran visos de ceder luego de que el Congreso rechazó el jueves una nueva iniciativa para adelantar las elecciones generales a este año, que incluía la realización de un referéndum sobre una asamblea constituyente.

Boluarte asumió el mando, en su calidad de vicepresidenta, con miras a completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones para exigir su renuncia pidió al Congreso anticipar los comicios.

Parlamentarios propusieron en diciembre realizar las votaciones en abril de 2024, pero ante la convulsión social Boluarte los insta a convocarlas este año.