El gobierno e indígenas de Ecuador iniciaron este miércoles conversaciones sobre más subsidios a los combustibles y la condonación de deudas, dos temas álgidos de las negociaciones tras las protestas de los aborígenes de junio que dejaron seis muertos.

El proceso de negociación, que está previsto que dure 90 días, es parte del acuerdo que ambas partes firmaron hace dos semanas para poner fin a 18 días de manifestaciones y en el cual el Ejecutivo accedió a bajar en hasta un 8% el precio de los combustibles.

Con la rebaja, el galón de diésel pasó de 1,90 a 1,75 dólares y el de gasolina corriente de 2,55 a 2,40. El movimiento indígena, que entonces reclamaba una reducción de hasta 45 centavos, plantea más subsidios el sector rural.

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El diálogo, que desde la semana pasada se desarrolla con mediación de la Iglesia católica, es liderado por los rectores de tres universidades, señaló en un comunicado el ministerio de Gobierno, cuyo titular, Francisco Jiménez, encabeza la delegación del Ejecutivo.

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otras organizaciones pretenden que se amplíe la condonación de deudas para campesinos, que en medio de las manifestaciones se concedió a quienes tenían haberes por 3.000 dólares como parte de compensaciones del gobierno para aliviar el alto costo de vida, detonante de las protestas.

El Ejecutivo también ordenó el aumento de un bono de asistencia para las familias de menos recursos y subsidios para insumos agrícolas, que costarán al Estado más de 700 millones de dólares al año en medio de una crisis económica.

Al empezar las negociaciones, el presidente de la Conaie y líder de la protesta, Leonidas Iza, rechazó las acusaciones del mandatario derechista Guillermo Lasso de que las manifestaciones fueron financiadas por el narcotráfico y que costaron unos 15 millones de dólares.

"Necesitamos parar la descalificación", expresó el dirigente indígena, quien ratificó la "voluntad" para mantener las conversaciones con el Ejecutivo.

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De acuerdo con Lasso, el movimiento indígena, el frente político liderado por el exgobernante opositor Rafael Correa (2007-2017) y el narcotráfico se juntaron para "fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar a un gobierno legalmente constituido".

Jiménez expresó a su vez la "buena fe" del Ejecutivo "para continuar con este proceso de reconciliación" luego de las violentas manifestaciones, que dejaron seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles.

El gobierno de Lasso, un exbanquero conservador, estima que el país perdió unos 1.000 millones de dólares durante las protestas, que incluyeron la paralización de pozos petroleros y bloqueos en carreteras a nivel nacional.