Luisiana está a punto de convertirse en la primera región de los Estados Unidos en permitir la castración quirúrgica de personas declaradas culpables de delitos sexuales contra menores de edad, según un proyecto de ley que fue aprobado en las últimas horas por legisladores estatales.

Aprobada la norma en el legislativo, lo que queda pendiente para que los jueces de Luisiana puedan empezar a aplicar la norma es que el gobernador republicano Jeff Landry la promulgue.

Niño triste y deprimido sentado en el suelo, en la puerta. El niño esconde la cabeza entre las piernas. | Foto: Imgorthand

De acuerdo con la iniciativa aprobada por los legisladores de Luisiana, la medida sería aplicada después que que una persona haya sido declarada culpable de algunos de los delitos sexuales con agravantes, tales como el incesto, la violación y el abuso sexual cometidos contra algún niño menor de 13 años.

Hasta la fecha, los jueces de Luisiana han aplicado contra algunas personas que son declaradas culpables por delitos sexuales cometidos contra menores de edad la pena de la castración química, aunque poco se ha empleado, a través de la cual se suministran a los condenados medicamentos para bloquear la producción de testosterona con el objetivo de reducir el deseo sexual.

Luisiana tiene aprobada una ley que permite la condena a la castración química de abusadores sexuales.

Sin embargo, la castración quirúrgica es un procedimiento mucho más invasivo y que a través de una cirugía en quirófano se buscan los mismos resultados, pero sin posibilidad de revertir los efectos. “Esta es una consecuencia”, dijo la senadora estatal republicana Valarie Hodges durante una audiencia de comisión en abril pasado. “Es un paso que va mucho más allá de simplemente ir a prisión y salir”.

El proyecto de ley recibió un amplio apoyo en las dos cámaras del Congreso del estado, ambas bajo control republicano. Los votos en contra de la iniciativa vinieron en su mayoría de los demócratas, a pesar de que la disposición fue redactada por una legisladora demócrata, la senadora Regina Barrow. La medida ahora pasa al escritorio del gobernador, quien decidirá si la promulga o la veta.