Un tribunal británico dictaminó este viernes que el activista australiano Julian Assange continuará en prisión, tras cumplir la condena por no presentarse ante la Justicia del Reino Unido, a la espera de que en febrero se celebre el juicio para decidir si será extraditado a Estados Unidos.

El magistrado Tan Ikram consideró que existen "razones significativas" para creer que el fundador de la plataforma WikiLeaks se daría a la fuga si abandona la cárcel HMP Belmarsh, al oeste de Londres, en línea con el dictamen que otra jueza emitió el 13 de septiembre y que le negaba su salida prevista para el 22 de ese mes.

Assange, de 48 años, compareció hoy por videoconferencia en la Corte de Magistrados de Westminster para participar en una breve sesión, en la que Ikram dictaminó que permanecerá bajo custodia "por las mismas razones que antes".

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Se refirió así a la decisión emitida a mediados de septiembre, en que la magistrada Vanessa Baraitser decidió retrasar la salida de Assange de la prisión por considerar su "historial de evasión", aunque ya hubiese cumplido la sentencia por haber violado las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido en 2012.

Entonces, Assange debía presentarse ante la Justicia británica para responder por unos supuestos delitos sexuales de los que se le acusaba en Suecia.

Aunque más tarde el país nórdico retiró la petición de extradición contra él, el Reino Unido mantuvo la orden de capturarle por no haber comparecido, de modo que el imputado se refugió casi siete años en la embajada de Ecuador en Londres, donde la Policía lo detuvo el pasado abril, después de que se le retirase el asilo.

El activista deberá ahora participar en una nueva vista administrativa, que tendrá lugar el 21 de octubre, como preparación del juicio de extradición.

El exministro del Interior y ahora titular de Economía británico, Sajid Javid, firmó una orden en junio pasado para permitir que Assange sea extraditado a EEUU, que le reclama por cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión.

Washington lo requiere por los miles de documentos secretos que aireó su portal WikiLeaks y le acusa, entre otros cargos, de "conspiración" para infiltrarse en sistemas informáticos gubernamentales.