El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó "indignado" este jueves el juicio político sin "pies ni cabeza" al que será sometido luego de que la Corte Constitucional diera su aval al Congreso para iniciar el proceso en su contra por supuesto peculado.

"La democracia se fortalece con más democracia, por tanto respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta", dijo Lasso en cadena nacional.

El gobernante, de 67 años, consideró que el juicio planteado por un sector del Legislativo "no tiene pies ni cabeza".

La víspera, el máximo tribunal allanó el camino para que el Congreso inicie un proceso político contra Lasso, señalado por el supuesto delito de peculado, en el manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

"A mí me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar", señaló Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021.

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El aval del juicio se dio con seis votos a favor y tres en contra de los magistrados de la Corte Constitucional.

Esta es la segunda ocasión que el Legislativo -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular Lasso.

En junio pasado, en medio de protestas indígenas por el alto coso de vida, un grupo de diputados presentó una moción de destitución, pero no obtuvo los votos necesarios.

Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes del Congreso).

Lasso, quien insistió en su inocencia, consideró que el juicio en el fondo pretende "evaluar" su gestión.

El mandatario argumentó que el caso por el que será procesado ocurrió entre 2018 y 2020, cuando él no era presidente. Sin embargo, le acusan de haber conocido de un contrato que era perjudicial para Ecuador y no haber intervenido a tiempo cuando empezó su mandato.

El juicio político contra el presidente tiene su origen en la divulgación de un reporte del medio digital La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales montada por Danilo Carrera, un cuñado de Lasso, quien no ha ocupado cargos en el gobierno.

En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico.