Medios de comunicación financiados por el gobierno de los Estados Unidos, como La Voz de América (VOA, por sus siglas en inglés), vieron cómo se recortaban los recursos provenientes del ejecutivo, por ser considerados como críticos a su política.
Otros de los medios incluidos en este grupo son la Agencia Estadounidense de Medios Globales (USAGM, por sus siglas en inglés), Radio Free Asia y Radio Free Europe.
Esta decisión ha despertado la preocupación en el gremio de los comunicadores y defensores de la libertad de expresión, quienes ven en esta decisión un nuevo intento por atentar a sus derechos de ejercer un periodismo independiente de los grandes poderes.
Por su parte, la administración de Trump también se ha pronunciado. La Casa Blanca ha asegurado que, con esta decisión, se busca dar garantía para que “los contribuyentes dejen de pagar la propaganda radical”.
Fueron cientos los miembros de estos medios de comunicación los que se despertaron con las malas noticias: un correo electrónico en el que les notificaban que su acceso a sus oficinas quedaba prohibido y debían entregar sus equipos de trabajo a la mayor brevedad.
El encargado de USAGM, Kari Lake, les dijo por medio de un correo electrónica a los medios supervisados y afectados por la decisión que las subvenciones económicas provenientes de fondos federales estadounidenses ya no efectuaban “las prioridades de la agencia”.
Esta noticia afecta a un gran número de comunicadores. Solo en La Voz de América son más de 1.300 los trabajadores que se quedarían sin trabajo. Un periodista del medio dijo en una entrevista a otro medio de comunicación lo siguiente:
“Transmitimos en 48 idiomas al mundo entero y contamos con una audiencia potencial máxima de 450 millones de personas”. Como consecuencia de este despliegue, aseguró, las noticias e investigaciones publicadas por su medio alcanzan los rincones más recónditos del mundo, lo que supone una única fuente de información para esos territorios.
Esta decisión, impulsada en el marco de los cambios que ha venido realizando el gobierno de Donald Trump en las últimas semanas, ha sido considerada como un “enorme desastre que afecta a la libertad de expresión a nivel mundial”.
Esto se da luego de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciara que será la administración quien decidirá qué medios tendrán acceso a la sala de prensa del recinto. El criterio para dicho ingreso lo tenía, hasta entonces, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
“Durante décadas, un grupo de periodistas con sede en Washington, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ha dictado qué periodistas pueden hacerle preguntas al presidente de los Estados Unidos en estos espacios tan íntimos. Ya no será así”, dijo la funcionaria en aquella ocasión.