El presidente estadounidense, Donald Trump, durante su segundo día de mandato ha comenzado a cumplir sus promesas de campaña en las que anunciaba que arremetería contra la migración irregular, dentro del territorio estadounidense.
Precisamente uno de los anuncios más importantes que hizo durante este martes 21 de enero, es que dio vía libre para que las autoridades correspondientes puedan entrar y hacer redadas migratorias en colegios, escuelas, hospitales e incluso dentro de iglesias.
“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilicen el sentido común”, dice la declaración emitida por el Departamento de Seguridad Nacional.
Este anuncio se da horas después de jurar el cargo, y luego de que el republicano firmara el lunes una batería de medidas contra la inmigración ilegal para poner fin a lo que considera una “invasión”.
Una de ellas elimina el programa humanitario (parole) que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en Estados Unidos.
Alegando motivos humanitarios, el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden permitió que migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela solicitaran la entrada en Estados Unidos por un periodo de dos años, si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.
La administración demócrata “abusó del programa” de autorización condicional humanitaria “para permitir indiscriminadamente la entrada en nuestro país de 1,5 millones de migrantes”, se queja el portavoz del DHS.
A partir de ahora el programa volverá “a su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso”, añade.
Entre las medidas tomadas por Trump también figura la anulación de la posibilidad para los migrantes de obtener legalmente una cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) para llegar a un puerto de entrada.
Por otra parte, una coalición de estados de tendencia demócrata anunció una demanda para bloquear la orden del presidente Donald Trump que busca poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La acción judicial presentada por 18 estados, entre ellos California o Nueva York, llega tan solo un día después del regreso al poder de Trump.
Destacó particularmente una medida destinada a eliminar el denominado derecho de suelo, que, amparado en la 14ª Enmienda de la Constitución, garantiza la ciudadanía estadounidense a toda persona que nazca en territorio nacional.
De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense.
“La orden ejecutiva del Presidente que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y, sinceramente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, al anunciar la demanda.
Información de AFP.