El oficialismo chavista arremetió contra Colombia después de anunciar su presidente, Juan Manuel Santos, que la exfiscal general venezolana Luisa Ortega, que se rebeló contra Nicolás Maduro, se encuentra en Bogotá "bajo protección" del Gobierno colombiano.

La voz más contundente fue la del sucesor de Ortega en el Ministerio Público, Tarek Saab, que afirmó en Twitter que el "apoyo incondicional" a quien llamó la "exfiscal prófuga" confirma "que Colombia es el epicentro" de la "conspiración internacional" que dice que existe contra Venezuela.

Saab fue nombrado fiscal general el 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo en Venezuela, justo después de que este suprapoder que actuará como tal durante los próximos dos años cesara a Ortega tras acusarla de traición y hechos de corrupción al frente de la Fiscalía.

Ortega está en el punto de mira del oficialismo y de instituciones alineadas como el Tribunal Supremo desde que rompiera filas hace meses con el Gobierno de Nicolás Maduro al advertir de la ruptura del orden constitucional que a su juicio se estaba produciendo en el país.

La exfiscal -que tiene el apoyo de buena parte de sus colegas del continente- huyó el pasado viernes a Colombia con su marido, el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, contra el que se había dictado una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por Saab de ser parte de una trama de extorsión que operaba desde la Fiscalía.

El nuevo fiscal recriminó este lunes al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, haber continuado con la "repugnante tradición de exmandatarios" de su país de dar "protección a venezolanos asociados al terrorismo" y el "narcotráfico", y tachó su decisión de ofrecer asilo a Ortega de "afrenta al gentilicio nacional".

En la misma línea se pronunció el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, que calificó de "cínica" la decisión de Colombia respecto a Ortega y señaló a Santos por "proteger la corrupción y el delito en Venezuela".

"Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica del 'Caín de América'", agregó el canciller insistiendo en las ya tradicionales acusaciones de traición y sumisión a Estados Unidos del chavismo gobernante contra Colombia.

Colombia es junto a potencias regionales como Brasil, México o Argentina uno de los 12 países del continente que han alertado de una supuesta persecución política contra Ortega y no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, por considerarla un instrumento de Maduro para consolidar una dictadura en Venezuela.

Nada más salir de su país, Ortega atribuyó la hostilidad de las autoridades venezolanas a la información que dice poseer sobre la implicación de Maduro y su entorno en un caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht en Venezuela, que según la exfiscal "es el mayor hecho de corrupción en la región".

Entretanto, las autoridades prosiguieron hoy con sus acciones para depurar la Fiscalía de la "corrupción" que según el oficialismo sembró Ortega en el Ministerio Público, y detuvieron por pedir dinero a una persona a cambio de no involucrarla en un supuesto caso de corrupción al exfiscal Rudy Pérez y el abogado Jairo Acosta.

En otro orden de cosas, la alianza que aglutina a los partidos opositores en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció hoy el 10 de septiembre como fecha de las primarias en las que elegirá sus candidatos unitarios a las elecciones a gobernadores de octubre en 20 de los 23 estados del país.

La MUD ya ha consensuado candidatos únicos en 3 estados para estos comicios, en los que espera arrebatar poder regional al chavismo pese a no confiar en el Consejo Nacional Electoral y tener a numerosos líderes presos o vetados por haber cometido supuestas irregularidades al ejercer cargos públicos.

La alianza opositora deberá pasar antes de los comicios por el filtro de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha anunciado este lunes una nueva sesión para mañana y expenderá a los candidatos que considere aptos "certificados de buena conducta" necesarios para presentarse a las elecciones.