España vota este domingo 23 de julio en unas elecciones legislativas adelantadas, con la derecha como favorita para vencer a la coalición de izquierda de Pedro Sánchez y con la posibilidad de tener que gobernar con la extrema derecha. La posible victoria de Alberto Núñez Feijoó y una alta votación para el Partido Vox enciende las alarmas en la comunidad LGTBI.
Unos 37,5 millones de electores fueron habilitados para depositar sus papeletas en las urnas, abiertas entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, para renovar por cuatro años el Parlamento. Casi 2,5 millones de personas ya votaron por correo, una cifra récord, con muchos españoles de vacaciones en este caluroso verano, un contexto que podría afectar la comparecencia a las urnas.
“Lo que vaya a suceder hoy (domingo) aquí va a ser muy importante, no solamente para nosotros, lógicamente, sino también para el mundo y para Europa”, afirmó el presidente del gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, tras votar en un colegio en Madrid.
¿Riesgo para la comunidad LGTBI?
Alicia Arruti, quien comenzó el proceso de cambio de género gracias a una ley del gobierno de izquierda español, teme que un triunfo de la derecha en las elecciones del 23 de julio signifique un “claro retroceso” para la comunidad LGTBI.
“Si hubiese sabido de este adelanto electoral, probablemente con mas razón habría querido cuanto antes poder iniciar el proceso” para que estuviera finalizado antes de las legislativas, dijo a AFP esta joven de 16 años en el jardín de su casa en Ponte Caldelas, una pequeña localidad en Galicia (noroeste).
Con el cabello castaño hasta los hombros y un vestido azul marino, Alicia se siente niña desde los 8 años. Tras decidir cambiar su nombre y someterse a un proceso de hormonación, ahora espera su documento de identidad modificado obtenido gracias a una ley aprobada en febrero de este año por el Parlamento español, que permite a los mayores de 16 años cambiar libremente de género sin necesidad de autorización judicial, paternal o médica.
Una legislación que los conservadores del Partido Popular (PP) han prometido derogar si ganan las generales, tal y como pronostican las encuestas.
La ley que permite la autodeterminación de género “atenta contra los menores, atenta contra la tutela y la guardia potestad de los padres, contra el sentido común”, ya que “es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad (examen de acceso a la universidad), que sacarse el carnet de conducir”, reprochó en junio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Con un collar azul, rosa y blanco, los colores del colectivo transgénero, Alicia, quien ha contado con el apoyo de su madre, dice que le preocupa aún más que el PP necesite para gobernar el apoyo del partido de extrema derecha Vox.
Eso implicaría, a su juicio, “un claro retroceso” para las personas transgénero luego de los derechos logrados bajo el actual gobierno.
Sin banderas arcoíris
Gran vencedor de las elecciones municipales y regionales de mayo, el PP se ha aliado con Vox para gobernar en varias regiones y ciudades.
En algunas localidades, por presión de Vox, no se colocó o se retiró de edificios públicos la bandera arcoirís, símbolo de la comunidad LGBT, durante el mes del Orgullo, lo que generó polémica.
En Madrid, Vox desplegó unos días antes de la marcha del Orgullo del 1 de julio, una de las más importantes de Europa, una enorme pancarta en la que invitaba a tirar a la basura la bandera arcoíris.
“La derecha y la ultraderecha están lanzando unos mensajes de odio y están amenazando con borrarnos de la vida pública”, denunció el día de la marcha Alicia García Raboso, mujer trans de 42 años.
Valeria Carrión Álvarez, analista financiera de 47 años, no descarta irse de España en caso de un retroceso en los derechos de las personas transgénero. Si el PP llega al gobierno y “dificulta el acceso al tratamiento médico (la hormonación) eso puede ser una razón para que me vaya del país”, aseguró a la salida del registro civil para cambiar de género.
“Discursos de odio”
Según las últimas cifras del Ministerio del Interior, los delitos contra la orientación sexual y la identidad de género aumentaron un 65,7% entre 2020 y 2022 en España, un país conocido por su tolerancia con el colectivo LGBT que legalizó el matrimonio homosexual hace casi 20 años.
Uge Sangil, presidenta de la federación nacional LGBT (FELGTBI+), afirma que ese ascenso se debe a que “los discursos de odio hacia el colectivo LGBTI+ (...) han aumentado (...) desde que la ultraderecha entra en la instituciones”, en 2019.
Valeria observa una “normalización de las opiniones de ultraderecha” sobre las personas transgénero en bares, oficinas, “en ciertas reuniones familiares”. “Aunque somos valientes y resilientes, también nos preocupa y nos da miedo. No queremos volver a los armarios, no vamos a volver a los armarios”, afirma Uge Sangil.
*Con información de AFP