Desafiar desde los gobiernos a la Justicia, es una afrenta contra la solidez de la estructura republicana. Muchos gobernantes creyéndose eternos, consideran que su poder es sagrado y que las demás ramas del poder público están obligadas a arrodillarse frente al Ejecutivo. Craso error, pues quien agrede la institucionalidad termina siendo visto como ‘dictador de república bananera’ y además olvidan que los procesos judiciales con frecuencia tardan más que los periodos presidenciales, por lo cual los procesados terminan litigando sin balcón y sin ínfulas ante jueces que generalmente, aplican la ley como debe ser.

El respeto a la Justicia no es un tema ideológico, ni responde a escuelas del pensamiento; hace parte de las estructuras propuestas en Francia desde el Siglo XVIII y acogidas por las democracias occidentales. Se equivocan todos aquellos gobernantes que pretenden influir a la brava en las Cortes. Esa costumbre no es nueva. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este manejo fue lamentable. Al final, las irregularidades cometidas por funcionarios terminaron siendo sancionadas con tristes consecuencias para ellos, algunas excelentes personas, pero que hasta allí les llegó su vida pública e incluso su tranquilidad personal.

Pero cuando creíamos que la lección estaba aprendida, llegó el ‘gobierno del cambio’ y el comportamiento del Ejecutivo frente a las altas instancias judiciales no ha podido ser más ruin. El trato despectivo de Petro hacia las Cortes, los desplantes y ausencias en momentos cruciales, la amenaza con la elección popular de jueces y el anuncio que las grandes decisiones se toman en las calles y no frente a la constitución y la ley, son solo algunas muestras de cómo la soberbia enceguece a un gobernante y lo saca de su rol de presidente democrático.

Pero para mí, la ofensa mayor fue contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia al descalificarlo, pues Petro no entendía “como un negro puede ser conservador”. Nacido en el Bajo Baudó, hijo de una maestra de escuela quien tuvo 9 hijos y que con inmenso esfuerzo lo hizo profesional, la vida de Gerson Chaverra es una epopeya al mérito personal, al desafío a la adversidad, al deseo de llevar la justicia a Tadó, Istmina, Bahía Solano, Quibdó, en el área penal usualmente, en medio de la violencia que con múltiples sesgos vive su departamento.

Así, de escalón en escalón, Chaverra llegó a ser elegido por unanimidad presidente de la CSJ, el primer afro en llegar a tan alta dignidad. Otros chocoanos conservadores han brillado en el foro nacional: uno de ellos Antonio Moreno Mosquera (1912-1995) fue magistrado de la CSJ y presidente de su Sala Penal. Nos honró con su cátedra de Ética, tema que dominaba. Otro chocoano conservador inolvidable fue Manuel Mosquera Garcés (1907-1972), ministro de Trabajo y también de Educación. En esta cartera, Mosquera dio luz al Icetex, iniciativa de Gabriel Betancourt, padre de Ingrid. Bien vale la pena leer su biografía donde hace alusión a la defensa de su raza desde San Pedro Claver y el Padre Francisco de Vitoria y no desde José Hilario López.

Al darse cuenta Petro de la bestialidad cometida en la que ofendió al magistrado Chaverra, al conservatismo y a la afrocolombianidad, decidió proponer una condecoración a las altas cortes en Quibdó. Estas, con sentido común e imaginando seguramente lo que sería el humillante acto de ‘desagravio’, decidieron declinar el homenaje. Qué torpe todo este manejo en la Casa de Nariño. Y qué oportunidad tuvo el blanquito exguerrillero que funge de presidente de recibir una lección de dignidad de un negro conservador que enaltece la Corte Suprema de Justicia.