El año 2025 empezó con anuncio de declaratoria de los estados de excepción, de conmoción interior y de emergencia económica y social. La base para su declaratoria es la guerra en el Catatumbo (Norte de Santander) entre el Eln y las disidencias de las Farc. 80 muertos, 8000 desplazados y 52.000 hectáreas de coca en ese lugar del territorio nacional.

Pretender invocar una situación extraordinaria en esa zona del país es olvidar que el mismo gobierno de Petro desde el inicio de su gestión es responsable de la perdida de la seguridad y del Estado de derecho en Colombia. La paz total se convirtió en un proyecto que ha ayudado a desvertebrar la civilidad en los municipios. Aún recuerdo cuando el 30 de diciembre de 2022, Petro expidió unos decretos abriendo la posibilidad de diálogos con todo tipo de grupos, entre ellos, narcotraficantes y paramilitares.

En los mencionados decretos ordenó que la Fuerza Pública saliera de los municipios donde operaban esos grupos, lo que implicó que el trabajo de la Fiscalía quedara coartado por la necesidad de operación en zona rural con Ejército y Policía Nacional para hacer efectivas las órdenes de captura de los asesinos de los líderes sociales en múltiples zonas del país. Todo eso lo hice público.

Ahora bien, la pregunta esencial es si amerita o no esta situación, la declaratoria de la conmoción interior. La respuesta es no.

Primero, esta institución jurídica se utiliza cuando existe una grave situación de orden público que no puede ser conjurada por las atribuciones ordinarias que tiene el Presidente de la República. En el caso concreto, el decreto legislativo central tendrá que sustentar la confluencia de elementos en torno a la gravedad de la situación, la imprevisibilidad y la imposibilidad de hacerle frente con legislación ordinaria.

Sobre la gravedad tiene que plantearse la excepcionalidad de esa situación y la verdad lo que ocurre en el Catatumbo es algo que ha venido ocurriendo en esa zona del país en los últimos años. Recuérdese lo que aconteció con el atentado al presidente Duque, el atentado contra la Brigada 30 o el asesinato de una fiscal en Tibú. Esto agravado a las muertes y feminicidios que se presentaron en la zona en 2021.

Si pudiéramos comparar este evento con otro, debe recordarse la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc en Arauca durante los primeros meses de 2022 que produjo desplazamiento de población, homicidios y dificultades para la justicia. Aun con este panorama no se decretó la conmoción interior.

Y es ahí, donde cabe el segundo punto de este análisis, si se declara la conmoción interior, el decreto ‘madre’ tendría que ser desarrollado por otros que deben explicar las medidas excepcionales. Y allí cabe la pregunta ¿Cuáles son esas medidas que se tomarían por los decretos que Petro no pudiera tomar en condiciones de normalidad?

Recordemos que cualquier cosa que se le ocurra tiene unos límites derivados del artículo 214 de la carta política de 1991 entre los cuales se encuentra que no podrá afectar el normal funcionamiento de las otras ramas del poder público o que no se podrán suspender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Por lo pronto, el gobierno deberá remitir los decretos cuando los expida a la Corte Constitucional para que analice su constitucionalidad. Lo único claro es que Petro avanza hacia el final de su lamentable gobierno en estado de desorientación, improvisación y flaqueza institucional y moral.