El argumento de que el gobierno quiere cambiar la Constitución del 91 para hacer cumplir la Constitución del 91 es uno de los más absurdos que hemos visto en el debate colombiano en muchos años. No podemos dejarnos engañar con un asunto tan delicado y riesgoso.
Seamos claros: cuando los partidos políticos convocan a una asamblea constituyente, con la enorme apuesta y los riesgos que eso representa, lo hacen con el claro objetivo de modificar de lleno la constitución, para imponer su visión sobre el país y cambiar reglas de juego que les resultan incómodas.
Debería encender todas las alarmas que un gobierno insista en llamar a una constituyente con tan poca claridad sobre lo que quiere lograr en ese camino. Hasta ahora solo conocemos del partido en el poder una lista de planteamientos sobre temas como educación, medio ambiente y paz que no proponen nada nuevo y que, de hecho, ya están consagrados en la Constitución y en las leyes. Que la hoja de ruta del gobierno para un proceso que podría reescribir todas las reglas de nuestra nación sea semejante ligereza debe despertar todas las preocupaciones. ¿Cuál es la verdadera motivación del gobierno para llamar a un ejercicio tan incierto?
Porque si bien en una asamblea constituyente se abordarían algunas de las propuestas aparentemente benevolentes que propone el gobierno, muchas de las cuales ya están en la Constitución del 91 –¡e incluso en la de 1886!–, no podemos ser ingenuos en lo que realmente se discute en procesos como esos. En un escenario constituyente se determinará, por ejemplo, el futuro de la reelección en Colombia. Me pregunto con escepticismo si el partido de gobierno no aprovechará la oportunidad para poner el tema sobre la mesa.
Pero también en una asamblea constituyente se podrían reescribir todas las normas en materia de justicia e institucionalidad sobre las cuales el país ha funcionado. Debemos preguntarnos con mesura si realmente es buena idea entregarles a los sectores políticos la capacidad de reescribir todas las normas sobre, por ejemplo, cómo elegir al Procurador, al Fiscal y a los magistrados de las altas cortes. El riesgo para el equilibrio de poderes en un escenario como este es absoluto y poco se ha hablado de discusiones como esa de manera puntual.
Los dilemas que traería una constituyente son cientos. Está, por ejemplo, la discusión sobre cambios en la composición del Congreso y la asignación de curules a cada departamento en la Cámara de Representantes. Como tantas veces ha ocurrido, sería un riesgo abrir la posibilidad de que los partidos políticos busquen cambiar la cantidad de curules asignadas a cada territorio para dar mayor representatividad a sus bastiones regionales y reducir la de las zonas del país donde son más fuertes sus contrincantes. Esto por mencionar otro ejemplo de cosas que pueden salir mal.
Sería una tragedia que la Constitución del 91, escrita con visión pluralista y conciliadora, fuera reescrita para plasmar solo la mirada de un gobernante o cumplir su agenda electoral. Los demócratas siempre tendremos que proteger la constitución de los caprichos de los gobernantes de turno. No hay manera que con la capacidad de dividir al país por parte del que ahora es el capitán del barco y con la tormenta que es la coyuntura política colombiana de esta época, un ejercicio constituyente salga bien. Aquí seguiré escribiendo sobre las razones para oponerse a la constituyente que propone el presidente Petro y la urgencia de proteger la Constitución del 91.