Cuando las actuaciones de los gobiernos tienen lugar por fuera de la ley con violaciones a los Derechos Humanos, se les reduce su margen de maniobra, porque no solo la historia los juzgará. Más actores lo están haciendo.
Los propios pueblos, países democráticos y organismos judiciales internacionales y nacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), se han aplicado en repudiar, investigar y librar órdenes de captura, a causantes de hechos álgidos y dolorosos que azotan al mundo, con cuya caída arrastrarán por lo menos políticamente, a sus ‘partner’ con los que juegan a dos bandas.
La ONU, la OEA, la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, condenaron los crímenes ocurridos en Venezuela, y colaboran en lo suyo. Estos factores permiten pensar que el brazo de la justicia, tarde o temprano, alcanzará a los culpables, aun con las dificultades en su ejecución y el pesimismo por la duración de las dictaduras.
Por el principio de la jurisdicción universal complementaria (Estatuto de Roma de la CPI), los Estados son competentes para detener a autores de delitos internacionales, cualquiera sea su nacionalidad y lugar en que se cometieron. Serán perseguidos y aprehendidos si pisan otros países no condescendientes con ellos. De ahí que la justicia Argentina cursara órdenes de captura contra Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por crímenes de lesa humanidad, oficiando a Interpol y exhortando a la CPI.
La impunidad rampante, al amparo de la función estatal de mandatarios y funcionarios cómplices, está siendo cercada a partir de normas del derecho humanitario, sin consideraciones religiosas, antisemitas o políticas. Son significativas las medidas de la CPI contra Vladímir Putin y recientemente contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad, así como contra jefes militares de Hamás por toma de rehenes, violencia sexual y asesinato.
Pasar por alto los crímenes graves de unos, para reprochar solo los del otro, como lo hace Petro, equivale a respaldar a los responsables de aquellos e ir en contravía de la coherencia y lo justo, porque todas son conductas que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, penalizadas por normas aplicables sin distinciones.
Por eso se reprueba el silencio de nuestro mandatario ante delitos del régimen chavista durante muchos años y víctimas, y su tibieza cuando solo se pronuncia al ver el repudio mundial y la desaparición de un defensor de derechos humanos cercano a él. En cambio, intenta darle oxígeno a Maduro al abogar por una nueva elección, desconociendo al presidente electo, Edmundo González. Actitudes como esas y las afinidades políticas con el chavismo, le pasarán factura a él y a sus partidarios.
Queda en una encrucijada Petro y el país ante los riesgos por el entramado de relaciones con el régimen, donde juegan diversos partícipes e intereses, entre estos, los del Eln y otros grupos ilegales, los del dictador y su cúpula que maneja hilos de allá y de aquí, y los de los dos pueblos vecinos víctimas de la extinción del Estado de derecho en Venezuela.
Estarán puestos los ojos de la comunidad nacional en los enredos, negocios o decisiones del presidente que puedan deteriorar más la seguridad y la economía del país, para alertar y contribuir a la gesta de María Corina Machado, con posiciones que no le sirvan al dictador.