La aprobación de la Anla a las modificaciones del Plan de Manejo Ambiental para la aspersión aérea de glifosato en cultivos de coca y la expedición de parte del Gobierno nacional de su reglamentación, bajo los requisitos de la Corte Constitucional, revivió la discusión sobre el controvertido herbicida y, como era lógico, avivó un debate político donde la razón y la ciencia no suelen mandar o se manipulan por conveniencia.

Iniciemos este análisis por donde es. El tema de fondo no es el glifosato, es la violencia asociada al cultivo y procesamiento de coca y la comercialización y consumo de cocaina, y el ser fuente de recursos del Eln, las Farc y diversas organizaciones criminales. Y su impacto en la salud, aspecto que sus críticos relativizan; priman los supuestos efectos de la aspersión en la salud y no el daño probado de la cocaína en las personas.

El difundido estudio de Daniel Mejía y Adriana Camacho sobre el tema señala que para erradicar una hectárea de coca toca fumigar treinta, cuestionando su efectividad. Esto se debe en parte a que los cultivadores optaron por la siembra de áreas pequeñas para dificultar la aspersión e intercalan la coca con otros cultivos para argumentar que están rociando con glifosato los cultivos de pancoger, olvidando que sembrar coca es ilegal.

Esta situación obliga a una aspersión de más alta precisión, pero de ahí a decir que es una medida inefectiva, hay un trecho. Más cuando la aspersión aérea es menos costosa que la terrestre y los grupos móviles, y estas ponen en riesgo la seguridad y vida de las personas. La erradicación voluntaria y los programas sustitución de cultivos son, sin duda una gran opción, la ideal, pero es compleja, toma tiempo, y no es la más efectiva.

Dirán unos que el glifosato pone en riesgo la salud de las personas. Este, el caballito de batalla de muchos, no está probado; la Fundación Ideas para la Paz, luego de una amplia revisión de estudios científicos a nivel internacional, lo confirma. Es más, señala que la causalidad entre el glifosato y el aborto carece de rigor científico. Igual con el cáncer. Cosa distinta es si se usa mal el herbicida, como ocurre con todo, puede ser dañino.

Es además, un herbicida utilizado desde hace décadas en la agricultura, pero para unos es bueno si se usa en cultivos de banano y café y malo para la salud y el ambiente si se usa en los de coca. Esgrimen el famoso principio de precaución, el comodín de moda, pero callan al recordar que si este se aplicara con el mismo rigor -por aquello de la duda científica razonable- no podrían estarse aplicando vacunas contra el Covid-19.

Y salen mentes brillantes a proponer comprarle la coca a los cultivadores, a lo Cartel de Sinaloa. Olvidan que en el pasado se montó un programa de auxilio a quienes tuvieran unas pocas hectáreas de coca y el efecto fue nefasto: disparó los cultivos. Imagínense lo que pasaría si el Gobierno Nacional anunciara que destinará $2 billones a comprar coca, terminamos convertidos en, y llamándonos, República Cocalera de Colombia.

La teoría económica se inclina por la legalización de las drogas y es factible que un día lleguemos allá con la cocaína, similar a lo ocurrido con la marihuana (por lo pronto para uso medicinal). Pero no es un tema fácil por sus distintas aristas, no sucederá de la noche a la mañana, y nuestra realidad es particular. Es factible que el glifosato no sea ya la panacea, pero necesitamos todas las formas de lucha para combatir el narcotráfico, combustible de nuestra violencia, y atenuar su impacto, este sí probado, en la salud.

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