La Paz Total, secuestrada

La Paz Total está secuestrada. Está secuestrada por el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otras organizaciones criminales. Ellos mandan. Por eso asesinan soldados indefensos, secuestran policías, y paralizan durante días el Bajo Cauca. Saben, como en el pasado, que la ‘paz total o parcial’ depende principalmente de ellos y que la limitante de tiempo de todos los gobiernos y su afán de dar resultados juegan a su favor.

El asesinato de nueve soldados en el Catatumbo, Norte de Santander, y la respuesta del Gobierno, lo confirma. El Eln logró manipular el dolor patrio para aclimatar un cese el fuego bilateral que usará para reorganizarse, rearmarse y fortalecerse políticamente. Esa ha sido una de sus exigencias históricas y que el Gobierno parece compartir, cuando lo que debería hacer es responder militarmente; debilitarlos hasta que bajen la cabeza.

Similar pasa con las disidencias de las Farc, compuesta por más de 20 frentes en igual número de departamentos. Detrás de los hechos violentos y de los secuestros en el Caquetá hubo estructuras criminales, como sucedió días antes con el secuestro de soldados en el Meta. El Gobierno, en vez de restearse por las víctimas y la judicialización de los responsables, contemporizó para no afectar una posible negociación con las Farc.

Con el Clan del Golfo igual. Pronto el país supo que detrás del famoso paro minero en el Bajo Cauca estaba el grupo criminal. La destrucción de cinco dragas y maquinaria para la extracción ilegal de oro fue el detonante para movilizar a miles de personas que se dedican a ese negocio. El Gobierno hizo hasta lo imposible por alcanzar un acuerdo pues no quería estropear un eventual ‘sometimiento’ a la justicia de esa organización ilegal.

Pero, ante la actitud desafiante de los narcotraficantes, el Gobierno no tuvo alternativa a tomar distancia argumentando que habían roto el cese al fuego. Pareciera empezar a entender que negociar con ellos tiene un costo en la opinión y en la relación con Estados Unidos, sin mayor efectividad a mediano plazo pues la violencia asociada a las drogas ilícitas por ahora no se va a acabar; una realidad que el país debe asumir.

Con las Farc el camino también es incierto. No han cesado los ataques, hostigamientos, extorsiones y secuestros, directamente o con la fachada de organizaciones campesinas. Sus delitos no son menos graves que los del Clan del Golfo y están por igual dedicadas al narcotráfico, aunque se les trate de manera distinta. Con crecientes cultivos de coca y un Estado cada día más débil, el incentivo a dejar las armas y no traficar, es exiguo.

La única opción medianamente viable de un acuerdo parcial es con el Eln y a un precio descomunal; esa guerrilla lo tiene claro. Por eso, de premio por asesinar soldados se le concederá el cese al fuego bilateral. Por eso Antonio García, uno de sus maleantes, se da el lujo de amenazar periodistas y salvo unos trinos de rechazo por cumplir, nada pasa; razón tiene el panelista de Blu Radio, Felipe Zuleta: debería estar en la cárcel o muerto.

El analista Pedro Medellín lo sintetizó en El Tiempo: “Como el Eln es la pieza central de la ‘paz total’, el gobierno Petro está indisolublemente amarrado a tener sentado en la mesa de negociación a esa guerrilla”. Un yugo auto infligido que pareciera no incomodar a algunos en el Gobierno, bien porque comparten ‘el ideario’ de ese grupo guerrilero o porque no descartan introducir en esa negociación, reformas con pronóstico reservado en el Congreso. De ser así, no solo la paz total estaría secuestrada, sino el país.