El Senado aprobó un aumento en la participación económica de los departamentos, lo cual como manifestaron ilustres economistas, produciría un endeudamiento que afectaría la regla fiscal. Imposible de atender sin aumentar la tributación. Mirándolo desde la perspectiva económica es indiscutible. Sin embargo, se trata de la primera medida concreta de descentralización que se ha producido.

Bien podría el gobierno trasladar parte de las funciones del Gobierno Nacional, a los departamentos, o eliminar parte de la fronda burocrática inútil como el Ministerio de la Igualdad y Equidad que creó el actual gobierno. Se trata de un deber que se debe atender en cualquier ocupación que se desempeñe. Con igual criterio podríamos crear el Ministerio de la Honestidad. También deben existir otras, no pocas, labores que podrían suprimirse sin consecuencias nocivas, al contrario, muchas de esas dependencias entraban y dificultan que el Estado sea eficaz.

El gobierno es usualmente ineficiente en el cumplimiento de sus funciones administrativas. Se puede constatar en un caso reciente. Las autoridades decidieron intervenir más del 50 % de las EPS y en muy poco tiempo se comenzaron a sentir los efectos: morosidad en las citas, escasez en los medicamentos, etc. Cuando el sector privado administraba el aseguramiento existía un 94 % de cubrimiento y un 70 % de satisfacción. ¿Para qué nacionalizarlas?

Ni que decir de sus obligaciones en salud, educación y orden público en los territorios, donde el Estado ausente ha sido sustituido por la subversión en regiones, allí sus habitantes rechazan la autoridad legítima.

En el sector privado, con frecuencia, las empresas se ven obligadas a hacer fusiones y recortes presupuestales cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos o las inversiones indispensables para poder sobrevivir.

Es cierto que el Estado tiene, debido a la constitución y a la gobernabilidad, que cumplir una variedad obligaciones, pero no es necesario que las dependencias tengan por sede la capital, no pocas pueden establecerse en los departamentos, cerca de los ciudadanos, quienes se sienten alejados.

Los funcionarios del gobierno nacional y no pocos beneficiarios del sector privado son indiferentes al clamor de las regiones. Una alta proporción de las sedes de las empresas privadas tienen como residencia Bogotá. Se benefician por estar cerca gobierno. Sus decisiones los pueden afectar.

Todos los gremios económicos están localizados en Bogotá, excepto uno, Asocaña. Recuerdo cuando se creó la ANDI, con sede en Medellín, considerada la capital industrial de Colombia. No resistió las inefables fuerzas centrípetas y hoy cumple sus funciones desde Bogotá.

No son los nativos los que ejercen mayor oposición a la desconcentración, también son enemigos quienes se trasladan a la capital en busca de oportunidades, poder y prestigio. Todos los medios de comunicación con cubrimiento nacional operan desde Bogotá.

El centralismo conduce a la concentración y a la desigualdad. Basta verificar las mediciones de los índices Gini o las pruebas del saber en la educación. Las mayores diferencias se presentan entre la capital y la periferia.

El premio nobel de economía James A Robinson, quien conoce ampliamente a Colombia, califica el centralismo como uno de los obstáculos para nuestro desarrollo.