Ante la crisis económica y social generada por las medidas para contener al coronavirus, los gobiernos de todos los países reaccionaron con relativa rapidez -unos más lentos que otros- para decretar multimillonarias ayudas y subsidios que mitigaran el impacto de las cuarentenas obligatorias. Sin embargo, en varios casos, Colombia incluida, la distribución efectiva de esas ayudas ha sido muy lenta, lo que ha agravado la crisis. ¿Por qué esas demoras?

Un reporte de Bloomberg  (https://www.bloomberg.com/features/2020-america-is-failing-workers/) recuerda que los programas de protección al empleo no han impedido que 40 millones de personas perdieran sus trabajos; además que una tercera parte de las personas que han aplicado a los subsidios por desempleo no los han recibido y que los préstamos para las pequeñas empresas han tenido múltiples obstáculos, con el resultado que una cuarta parte de los negocios pequeños han quebrado y cerrado.

El reporte compara con lo que ha sucedido en Europa donde la pérdida de empleos y quiebra de pequeñas empresas ha sido menor, y atribuye la diferencia a que en Europa existe una sólida red de protección social (el desprestigiado Estado de Bienestar) que ha permitido que las ayudas lleguen rápido a quienes las necesitan, mientras que en Estados Unidos esa red de protección se ha desmantelado con las políticas de los gobiernos conservadores desde Reagan.

En Colombia estamos más cerca de la situación de Estados Unidos, dado que nuestra red de protección social es muy limitada y solo cubre a la población más pobre a través de programas como Familias o Jóvenes en Acción, o el Adulto Mayor. De hecho, las únicas ayudas que se desembolsaron rápidamente fueron las muy pequeñas que se canalizaron a través de esos programas: solo entre $70.000 y $145.000 mensuales por hogar.

Veinte días después de decretada la cuarentena el gobierno anunció el programa de Ingreso Solidario para ayudar a 3 millones de hogares pobres no cubiertos con los mencionados programas. El DNP hizo un gran esfuerzo por montar el programa, pero al cabo de un mes solo habían recibido el dinero 1.1 millones de hogares, y se necesitó otro mes para llegar a un millón de hogares más, con los muy escasos $160.000 mensuales.

El programa de Ayuda al Cesante que, a través de las Cajas de Compensación, ofrece $550.000 por tres meses a quién pierde su empleo, la situación es peor todavía: 713.000 nuevos desempleados lo solicitaron, y a la fecha solo se ha entregado a menos de 90.000 personas.

El Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) se creó con dos meses de retraso (y ya con 5 millones de empleos perdidos) que ofrecía $350.000 mensuales por trabajador a las empresas que hubieran perdido el 20% o más de sus ingresos. Aunque su objetivo era llegar a 6 millones de trabajadores, a la fecha solo se habían validado unos 800.000, es decir menos del 15%.

Contrasta esta situación con el programa Bogotá Solidaria, en el que el objetivo de la Alcaldía era auxiliar a 350.000 hogares y ya se ha llegado a 337.000, además con una transparencia total en las cifras y la información sobre la cuantía y la utilización de los recursos, que no se encuentra en la información que reporta el gobierno nacional. Esto demuestra la necesidad. El fortalecimiento de la red de protección social debe coordinarse con los mandatarios locales para que sea más efectiva.