Una realidad que vivimos actualmente en Colombia, es que los grupos armados ilegales llamados guerrillas del Eln o disidencias de las Farc, hace rato se quedaron prisioneros del miedo a los cambios democráticos y siguen actuando violentamente contra la población urbana y campesina, en muchas ocasiones aliados con grupos del narcotráfico, paramilitares y delincuencia común como si el tiempo no pasara para ellos, alejándose de esa manera de los propósitos de mejorar las condiciones de vida del pueblo que en un principio pueda haber sido lo que motivó su lucha.
Esa dura y dolorosa situación, vivida actualmente en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y en otras regiones de Colombia como el Pacífico colombiano, es la que debe llevar a los gobernantes o a quienes aspiren a gobernar en los próximos años y a la comunidad internacional, a considerar si no habrá llegado ya la hora de reflexionar sobre la forma cómo se ha venido tratando de poner fin al conflicto; si las acciones, los enormes y valiosos recursos humanos, tecnológicos y económicos destinados hasta la fecha en la lucha contra esos grupos armados ilegales dieron los resultados deseados o terminaron siendo un esfuerzo ineficaz.
Creo que es el momento de ensayar una tercera vía para su solución, para lo cual es muy importante que el nuevo presidente o presidenta de la República a ser elegido en el 2026, tenga entre su propósito político democrático de gobierno la implementación de una política de diálogo social y presupuesto participativo en cada uno de los municipios colombianos, entre ellos los que vienen sufriendo las duras consecuencias negativas de la actividad criminal de los grupos armados ilegales.
En dichos diálogos sociales con la participación de los gobernadores, alcaldes, la comunidad internacional y bajo la figura de ‘que todos ponen’, se debe implementar una política pública de entendimiento con los principales voceros de la población, a fin de encontrar soluciones a sus necesidades, principalmente en lo referente a agua potable, salud, educación, cultura, deporte, servicios públicos y vías de comunicación, entre otras.
La virtud de ese tipo de prácticas democráticas es que los recursos económicos se multiplicarían y serían las propias comunidades urbanas y rurales, con la veeduría de las Fuerzas Militares y de Policía que operan en esas zonas, quienes en una especie de ‘convivencia pacífica’ con los integrantes de los grupos armados ilegales que existen en dichas regiones, harían seguimiento a la materialización de los compromisos contraídos con los diversos sectores sociales y étnicos de la población.
Reconozco, que lograrlo no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Pero para hacerlo es necesario dar el primer paso, sin tantas prevenciones y esquemas que tenemos en la cabeza y que a veces nos impiden ver a los contrarios como seres humanos. Ellos, al igual que nosotros, tienen sueños y propósitos de vida diferentes a la dura vida ilegal que actualmente los tienen atrapados y con miedo a los cambios democráticos.
Solo esperamos que el nuevo presidente o presidenta de la República que elijamos en el 2026, los actuales gobernadores y alcaldes se caractericen por enseñar con su ejemplo de vida y nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la prepotencia, la violencia, las desigualdades sociales, lo mismo que con los contaminadores ambientales y con todas aquellas personas que siempre han visto al Estado como su ‘vaquita lechera’.