El papel y el aporte del sector privado a los asuntos públicos siempre ha sido y será un tema de debate en nuestro país, pero la llegada al poder de un presidente de izquierda y/o progresista ha avivado la discusión, en particular, en lo relacionado con el sector privado como prestador de servicios públicos o proveedor de bienes públicos en coordinación con el Estado.
En este contexto se han tratado de imponer reformas o cambios legales y administrativos argumentando que lo público debe prestar y administrar lo público, olvidando lo que nos ha demostrado la historia, en el sentido que la decisión no debe basarse en visiones subjetivas o ideológicas, sino en criterios técnicos que determinen cuál es la forma más eficiente y con el menor riesgo para proveer el bien o servicio a la ciudadanía.
Sin duda, todos los extremos son malos (también comprobado por la historia). Ni un Estado gigante que haga de todo, ni un sector privado haciendo de todo con un Estado mínimo. El Estado es el encargado de hacer las políticas públicas, regular y determinar quién puede prestar el mejor servicio o proveer de mejor manera los bienes públicos, teniendo en cuenta que no es bueno en todo y algunas veces es ineficiente en lo que le corresponde.
El sector privado, en este contexto, entra donde hay oportunidad de mercado y rentabilidad, lo que no tiene nada de malo, así muchos lo quieran satanizar ¡Todos ganan! El empresario que hace utilidades con un negocio rentable y contribuye al desarrollo, el Estado porque transfiere gran parte de los riesgos a un tercero que tiene la experiencia y la capacidad de innovar para prestar mejor el servicio y, por último, aún más importante: el ciudadano que se beneficia con bienes y servicios públicos de calidad. Obviamente, la remuneración al privado debe ser justa, por lo que la regulación y la transparencia en los procesos es fundamental. Ejemplos actuales son la generación y prestación del servicio de energía, la salud y la infraestructura. En el Valle del Cauca vivimos este dilema con la continuidad del modelo de concesión para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ya que, aunque todos los ministros de Transporte de este gobierno han afirmado que la concesión seguirá, lo cierto es que llevamos los tres años de este mandato esperando a que se realicen los trámites para que la APP de iniciativa privada (IP) sea adjudicada.
Hace un año, en el marco de la COP16, dábamos esta misma discusión frente a la inconveniencia de que la Aerocivil tomará el control del Aeropuerto y aunque el Gobierno quiso decir que no sería grave, ellos mismos decidieron que no era conveniente un aeropuerto operado por la entidad pública para este evento internacional.
La Aerocivil se necesita para planificar y regular la aviación del país y para operar aeropuertos en los que no son viables los esquemas de participación privada, pero para un aeropuerto como el de Palmira, con su magnitud y complejidad, no tiene sentido. Sin duda, será más ineficiente y nos hará perder tiempo y competitividad como región. Algunos dicen que la concesión actual no ha sido la mejor y eso se tendrá que discutir con números y datos. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es obligar a que se preste el mejor servicio y ampliar las opciones de conectividad aérea, no acabar la concesión. Los vallecaucanos exigimos un aeropuerto competitivo y con los mejores estándares. Esperamos que el Gobierno Nacional avance en los trámites correspondientes y haga todo para recuperar el tiempo perdido para evitar que se le tenga que devolver el Aeropuerto a la Aerocivil y si es así, que el tiempo sea el mínimo.