El gobierno de Donald Trump avanza en el desmantelamiento de USAID, la principal agencia de ayuda internacional de los últimos 60 años. Esta decisión responde, en parte, a la visión del movimiento antiglobalista, del cual es uno de sus principales exponentes. Su discurso sostiene que la cooperación internacional supone una carga económica sin beneficios tangibles para EE. UU. y que solo favorece a élites extranjeras.

Elon Musk, encargado de reducir burocracia y gastos, anunció el cierre de la agencia por considerarla “irreparable” y evalúa su integración al Departamento de Estado, lo que restringiría su autonomía y alinearía su financiamiento con la política exterior de EE. UU. Como medida inmediata, se ordenó la suspensión de 90 días en miles de programas en vigencia, el cierre de su sitio web y redes, y la colocación en licencia administrativa de todo el personal contratado directamente por USAID a nivel mundial, con excepción de aquellos asignados a funciones esenciales, liderazgo central y programas específicos.

El impacto global será significativo. Solo en 2023, USAID destinó más de 72.000 millones de dólares a salud, acceso a agua potable y control del VIH/SIDA en más de 100 países. Su desaparición, justificada o no, afectaría a economías frágiles y podría intensificar las crisis migratorias. A mediano plazo, y quizás con la anuencia del nuevo ‘Tío Sam’, esta decisión podría fortalecer la influencia de China y Rusia o dar paso a nuevos modelos de cooperación fuera del paradigma liberal vigente desde la Segunda Guerra Mundial.

De nuestro lado, el Plan Colombia, impulsado durante la administración de Andrés Pastrana, representó casi 20.000 millones de dólares para modernizar las Fuerzas Armadas, reducir cultivos ilícitos y desmovilizar paramilitares. Sin embargo, no se consolidaron reformas estructurales ni se fortaleció la gobernabilidad para hacer sostenibles estos avances. En 2023, Colombia recibió 453 millones de dólares en asistencia de USAID, una reducción del 8,8% respecto al año anterior, profundizando las alertas sobre el declive del financiamiento externo, una tendencia ya irreversible.

No se trata de tomar partido, pero, además de las actuales tensiones con Petro, es previsible que los asesores de Trump le hayan señalado que esta inversión no cumplió con las expectativas pues el narcotráfico sigue siendo un pilar de la economía ilegal, el desarrollo rural ha sido insuficiente y la corrupción, especialmente en los gobiernos territoriales, desvió recursos destinados a fortalecer las instituciones.

En materia de seguridad, la desmovilización de las FARC no puso fin a la violencia. Nuevas organizaciones criminales ocuparon su lugar, mientras el ELN y las disidencias continúan expandiéndose. ¿Quién podría hoy cuestionar que la ausencia del Estado en vastas regiones deja a millones bajo el dominio de grupos armados, como en los años noventa? Catatumbo, Cauca y Chocó son solo algunos ejemplos de esta realidad.

Es innegable que el desmantelamiento de USAID afectará el empleo local y el futuro de cientos de ONG que dependen de sus recursos. Aunque muchas han contribuido en diversos frentes, las principales receptoras suelen operar con altos costos y un impacto limitado. Además, su presencia ha facilitado que los políticos les deleguen responsabilidades en lugar de asumirlas.

De cara a no perecer, estas organizaciones y los gobiernos nacional y territoriales deben diversificar sus fuentes de financiamiento mediante alianzas ESG, crowdfunding y bonos de impacto social. Para las primeras, su futuro dependerá de su capacidad para innovar, generar cambios tangibles y consolidarse como actores clave en la fiscalización de las políticas públicas (de los segundos).

*Consultor internacional, estructurador de proyectos.