Uno no sabe que es más grave, si la larga lista de presuntas irregularidades cometidas en procesos de contratación durante el actual gobierno de Jorge Iván Ospina y que están bajo investigación de los entes de control, o que el alcalde crea que él nos responsable de nada porque delegó esa labor en sus funcionarios. Al mejor estilo de Poncio Pilatos, el mandatario se está lavando las manos.

Los embargos ordenados por la Contraloría General de la Nación a sus cuentas bancarias y a propiedades que figuran a su nombre, demuestran que hay suficientes indicios para pensar que el mandatario de los caleños, por acción u omisión, participó en contrataciones que no se ajustaron a la ley y por ello se deben tomar medidas cautelares.

En específico, esos casos se refieren a un convenio interadministrativo firmado por la Secretaría de Seguridad con la Imprenta Departamental para el mantenimiento de cámaras de vigilancia, otro de Emcali con la Empresa Regional de Telecomunicaciones para proveer servicios de ‘call center’ y atención al cliente (¿?), un contrato para adecuar el canal de aducción del acueducto Río Cali que se pagó y nunca se ejecutó, así como la condonación de unos intereses milmillonarios sobre una deuda tributaria de 20 años que la empresa de servicios públicos de la ciudad no le pagó al Dagma.

¿El problema mayor? Que esas investigaciones son apenas una puntica de los centenares de casos -más de 350- de presuntas contrataciones irregulares en la Administración caleña durante los últimos tres años, que habrían terminado en un detrimento patrimonial cercano a los $700 mil millones y que han sido denunciados ante la Personería de Cali, la Procuraduría, la misma Contraloría y la Fiscalía.

Según el alcalde Ospina, nada de ello tiene qué ver con él porque para eso delega la contratación en otros funcionarios. Es como si argumentara que los múltiples problemas de Cali no son su responsabilidad porque para resolverlos fue que nombró a los secretarios o directores de su gabinete así como al gerente general de Emcali. No Alcalde, a usted fue al que eligieron los caleños, la ordenación del gasto público al final es suya y con el solo rumor de que algo sucedía en su administración -tal como todos, incluidos los medios de comunicación se lo estamos diciendo casi desde el principio de su mandato-, debió actuar.

Por ejemplo, eso era lo que se esperaba de usted cuando se enteró que el hijo de un primo de su mamá, es decir un familiar suyo en tercer o cuarto grado de consanguinidad, era uno de los mayores contratistas del municipio. No solo la ley sino y en primer lugar la ética, debieron incidir en su conciencia para que le diera un NO rotundo a cualquier intención de su primo para tener negocios con la administración caleña.

Y no estoy cuestionando si el señor Christian Camilo Moreno es bueno o no en su trabajo, o si alcaldías anteriores a la suya ya lo habían contratado. Es que el nepotismo no es bien visto, ni por los ciudadanos, ni por los organismos de control, ni por la Justicia.

Si algo hay que agradecer, es que los entes de control, cuya función es auditar los manejos del erario y el comportamiento de los funcionarios públicos, parecen decididos a investigar los cientos de denuncias contra la actual administración local. Lo que se debe exigir es que se entreguen los resultados de los posibles hallazgos en el menor tiempo posible. Y lo que no se puede aceptar es que, como suele suceder, los casos se archiven por vencimiento de términos.

¿Lo malo? Que aún quedan nueve meses de mandato del alcalde Jorge Iván Ospina, una eternidad para que los corruptos hagan más de las suyas.