Los sesenta días que duró Cali aislada, desabastecida de alimentos y combustible, a merced de quienes decidieron que el derecho a la protesta incluía destruir los bienes públicos, cometer actos violentos, secuestrar barrios enteros e imponer su propio orden, aún están frescos en la memoria.

Tampoco se olvidan las respuestas despiadadas y por fuera de la ley de algunos integrantes de la Fuerza Pública, la incapacidad de las autoridades locales y nacionales para defender el Estado de Derecho, y la ausencia de un alcalde que no dio la cara cuando más se necesitaba y luego apareció para exacerbar aún más las confrontaciones con discursos y acciones populistas que solo agudizaron la polarización.

Se debe reconocer que muchos de los reclamos de quienes protestaron por esos días de forma pacífica eran justos. Que este es un país que no brinda oportunidades para todos, donde la educación es deficiente y hay territorios y poblaciones abandonados a su suerte, que además son vistos desde la altura capitalina con indiferencia e indolencia.

Por ellos, por quienes se manifestaron con derecho y con razón, nacieron iniciativas como Compromiso Valle, a la que se han unido diferentes sectores de la sociedad para formar, apoyar, financiar y brindar oportunidades a miles de caleños y vallecaucanos.

El otro lado de esas protestas, el oscuro, el que golpeó el alma de nuestra ciudad y que no tuvo nada que ver con esos reclamos justos, nos lo recordó por estos días el presidente Gustavo Petro.

Como lo dije en su momento en este mismo espacio, siempre he pensado que detrás de las manifestaciones violentas hubo intereses y financiación de organizaciones criminales que buscaban generar caos en la principal ciudad del suroccidente colombiano, epicentro desde el que se manejan los negocios de las mafias, y desviar la atención de las fuerzas de seguridad del Estado que luchan en el Cauca, Nariño o Putumayo.

De los cientos o miles de jóvenes detenidos en todo el país durante ese paro que se sintió eterno, la Justicia dejó libre a la mayoría por no encontrar méritos para adelantarles procesos o mantener sus órdenes de arresto. Caso contrario de los trescientos y pico que aún están judicializados. Sobre ellos hay acusaciones graves como secuestro, tortura, fabricación o porte ilegal de armas o materiales peligrosos. Sí, son delitos que no se pueden excusar en el derecho a la protesta, por los cuales algunos han sido condenados a varios años de prisión.

A ellos pretende convertir en “voceros de paz” el mandatario de los colombianos, liberarlos para que “pasen la Nochebuena con sus familias”. Su situación la compara con los excesos cometidos contra miles de jóvenes por las dictaduras militares del cono sur del continente entre los años 70 y 80. Para ellos expidió el Decreto 2422 con el cual se conforma una comisión que estudiará los casos de los integrantes de la ‘Primera Línea’ y determinará quiénes deben salir de las cárceles o finalizar su detención domiciliaria.

No importa pasar por encima de la Justicia, de la separación de poderes públicos, del Estado de Derecho que es la esencia de nuestra democracia. Tiene que cumplir con su promesa de campaña, así en el intento deje el mal sabor de que se acerca peligrosamente a los regímenes dictatoriales de antes o a los de ahora que están tan cerca nuestro.

Y no, tampoco se les puede comparar con los integrantes del Eln a quienes se les dio licencia penitenciaria para que participen en este enésimo intento por acordar el fin de las acciones violentas de la organización guerrillera. La que se ha llamado la Primera Línea es un amasijo amorfo, del que se desconocen sus ideales o sus líderes, por lo que se dificulta entender el papel de “voceros de la paz” que desempeñarán cuando salgan de la cárcel, si es que eso llega a suceder.

La Paz Total, que quieren y apoyan los colombianos, no se puede dar a cualquier precio.

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