Partiendo del principio inalterable de que la democracia se sustenta en la ley, la violencia y su natural aliada y alimentadora, la corrupción, universalmente tienen en común que son violentadoras del derecho de gentes y de los principios esenciales de los Derechos Humanos, de la democracia y la convivencia pacífica.

Por esa razón debemos insistir en que todas las manifestaciones de violencia y corrupción son inaceptables y afectan integralmente el derecho de la población urbana y rural a vivir mejor, especialmente a las más vulnerables como son los niños y las niñas, los adultos mayores y las personas en condiciones de discapacidad.

La corrupción desvía, o se apodera de recursos públicos, impidiendo así que se destinen y apliquen en programas que mejoren las condiciones de vida en el campo y las ciudades y que promuevan el desarrollo y el bienestar de todos, lo que indudablemente constituye una violación de los derechos humanos.

La lucha contra ellas requiere la participación de toda la población. Todos tenemos el deber democrático, aquí o en cualquier otro país, de actuar “Unidos en la diferencia”, a fin de expresarnos públicamente contra todas aquellas personas o entidades que las promuevan y contra sus autores intelectuales o materiales.

Es indispensable poder contar con un código de ética compartido y defendido que dirija y oriente nuestro accionar, el de nuestros gobernantes, organismos legislativos y judiciales. Los seres humanos debemos aprender a no creer en las apariencias y a no respaldar personas que son muy timoratas en tener cero tolerancia con la corrupción, la violencia y las desigualdades y discriminaciones sociales.

Debemos exigir, como un derecho democrático de toda la población, que todos los gobernantes municipales y regionales que terminan su mandato en diciembre del 2023, rindan cuentas públicas sobre cómo dejan las finanzas y los resultados de su gestión, especialmente los relacionados con la salud, la educación, la cultura, el deporte, la vivienda, agua potable y saneamiento básico, entre otros. Esa rendición pública de cuentas debe ser periódica y no solamente al final de los mandatos y también atañe al gobierno nacional.

Rendir cuentas es un deber de obligatorio cumplimiento de los gobernantes y organismos del Estado. Exigirla es un derecho de la población, como es una obligación ciudadana, hacerle seguimiento a la ejecución de los gobernantes y de todos los organismos del Estado.

En ese camino, la población también tiene el derecho democrático de exigirle a todos los integrantes de los diversos organismos del Estado que en el aspecto de la justicia sean más eficaces, tanto en materia preventiva como en la sanción de los delitos.

Otro aspecto a considerar en la lucha contra la violencia y la corrupción es tener conciencia de que estas problemáticas son promovidas y desarrolladas por personas relacionadas con actividades ilegales como el narcotráfico, contrabando y la trata de personas, entre otras. Lo anterior presupone mayor y mejor cooperación internacional y la cero tolerancia contra esos delitos.

En esa lucha, los pueblos, con los gobiernos a la cabeza, deberíamos demandar una mayor implicación a la Organización de las Naciones Unidas, ONU y a los demás organismos internacionales, también mayores compromisos y cooperación de los países ricos y altamente desarrollados, creando un fondo común para colaborar con programas de cooperación que tengan como fundamento la promoción de una ética ciudadana de cero tolerancia con la violencia y la corrupción.