Dos días después del atentado terrorista en Timba, Cauca, y de los intentos fallidos de ataque a otras poblaciones del norte de ese departamento, fue Jamundí, al sur del Valle, el blanco de las organizaciones criminales que operan en la región. Es la violencia a la que se enfrentan a diario ambos departamentos, conectada al negocio del narcotráfico y al control territorial, que hasta ahora parece imposible de derrotar.
El carro bomba activado a pocos metros de la estación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, provocó la destrucción de la escuela del lugar y de seis viviendas cercanas, así como daños a la sede de la Fuerza Pública. Por fortuna, los cinco heridos reportados apenas sufrieron lesiones leves y en su mayoría fueron dados de alta horas después del ataque que despertó en las primeras horas del viernes a la población afectada.
No es un suceso aislado, como quedó demostrado en esta semana que termina. Los autores de todos los eventos terroristas, según las autoridades, fueron las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, que ahora se hacen llamar Estado Mayor Central y tienen varios frentes operando en Cauca y Valle como el Jaime Martínez, el Dagoberto Ramos y el Carlos Patiño.
Es la guerrilla que ya no es guerrilla, que además volvió a pasearse a sus anchas por las cordilleras Occidental y Central, en el denominado corredor del Pacífico usado por las mafias para sus propósitos y que hoy vuelve a estar plagado de cultivos ilícitos, así como de laboratorios para procesar las drogas ilegales. La esencia de la violencia en el Valle del Cauca está ahí, en el negocio maldito, y se nutre además de la delincuencia organizada que acorrala a los ciudadanos y mantiene bajo zozobra a municipios enteros.
Parece un absurdo que entre las explicaciones a la oleada terrorista de los meses recientes en el departamento -que incluye ataques a estaciones de Policía en localidades como Dagua, granadas en Cali, enfrentamientos en Buenaventura y presencia amenazante en zonas rurales del sur y el centro del Valle- esté la de querer mostrar su poderío para presionar unos diálogos de paz con el gobierno. La primera condición para sentarse a negociar cualquier acuerdo para ponerle fin a la guerra, con el grupo criminal que sea, tiene que incluir el detener todas las acciones violentas y en especial contra la población civil.
Hoy, de nuevo, hay que decir que la solución a los graves problemas de orden público que padece el Valle del Cauca no está en los Consejos de Seguridad convocados de afán y por el inmediatismo mediático. El manejo debe ser integral, por supuesto con un aumento en el pie de fuerza militar y de policía, así como con estrategias de inteligencia que permitan desmantelar de manera definitiva a esas organizaciones criminales.
Pero pasa también por una mayor atención del Gobierno Nacional hacia el suroccidente y el Pacífico colombianos, con la inversión social que no termina de llegar pese a las promesas, y con oportunidades reales para los más vulnerables, que nada tienen que ver con los ofrecimientos asistencialistas y populistas promovidos desde Bogotá.