Mientras se espera conocer si la Corte Constitucional le da o no el aval a la reforma pensional aprobada a mediados del año pasado por el Congreso de la República, los colombianos ya deben tomar decisiones sobre el camino que quieren transitar hacia su jubilación, en caso de que dicha ley siga en firme.
Al menos 400.000 trabajadores tienen plazo hasta mañana, 16 de enero, para decidir la Administradora del Componente Complementario Ahorro Individual, Accai, a la que le entregarán el manejo del ahorro pensional a partir de los 2,3 salarios mensuales.
Hay que recordar que, como lo determinó el proyecto de ley, la cotización hasta ese monto irá a Colpensiones y el resto deberá pasar a alguna de las entidades privadas registradas para tal fin.
Una medida que solo cobijará a quienes no se encuentren en régimen de transición, es decir que hayan cotizado menos de 900 semanas, en el caso de los hombres, y 750 semanas en el caso de las mujeres.
Es, sin duda, una decisión que debería ser bien analizada y que requiere tomarse sin los afanes que ahora impone el Gobierno Nacional. En juego están el bienestar de cientos de miles de ciudadanos y las garantías de contar con la tranquilidad económica que se merecen después de toda una vida dedicada a trabajar.
A seis meses de que entre en vigencia la reforma, y sin que el alto tribunal haya determinado si se ajusta a la Constitución Nacional en su conjunto o en cada uno de sus artículos, la obligatoriedad de escoger la Accai preocupa. Aún más cuando no se ha hecho la pedagogía que se requiere para que los cotizantes pensionales entiendan los alcances de su decisión y los efectos que ella podría tener para su futuro.
Según lo determinado, a quienes mañana no hayan seleccionado alguna de las cuatro administradoras registradas para ese fin, que corresponden a antiguos fondos privados de pensión, la Nación, a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, le asignará otra de manera aleatoria, lo que aumenta la preocupación.
De hecho, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, ha insistido en que hay bastantes aspectos de la Ley 2381 de 2024 que el Ejecutivo todavía no ha reglamentado, lo que siembra más dudas en todos los sectores involucrados en el tema.
Por ello es fundamental que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre la validez jurídica o no de esta reforma pensional. Se sabe que los magistrados podrían derogarla totalmente, lo que obligaría al Gobierno a presentarla de nuevo ante el Congreso de la República, o podrán darle un plazo al Ejecutivo para subsanar los faltantes legales en el trámite legislativo.
Pensionarse con todas las garantías es un derecho de todo colombiano, por lo que la implementación de esa ley no puede darse de manera atropellada ni en medio de la incertidumbre sobre su viabilidad constitucional.