Los últimos hechos de violencia registrados en el Valle demuestran una vez más la necesidad de exigir atención prioritaria del Estado para proteger a sus habitantes. Son actos que, además de dejar decenas de personas muertas, dan una idea del desafío que el crimen le plantea a la región y de la urgencia que tiene reforzar el combate a la delincuencia.

Por supuesto, esas actividades se originan en las distintas formas del narcotráfico que igual cometen masacres en Toro o La Unión, como amenazan y extorsionan en Tuluá, a la vez que arrojan granadas explosivas contra la estación de Policía en Potrerito, a escasos minutos de la cabecera de Jamundí. Y debe destacarse el gran esfuerzo que realizan la Fuerza Pública, los organismos judiciales y las autoridades civiles para evitar males mayores.

Pero no es menos cierto que en el sur del departamento y el norte del Cauca existen organizaciones criminales con capacidad para causar daño mientras manejan los cultivos ilícitos que crecen como una mancha y se extienden hacia el Litoral Pacífico, formando un corredor de muerte.
Allí se violan los derechos de los campesinos, y no obstante los resultados que han arrojado las acciones contra los cabecillas de esas organizaciones y sus integrantes, siempre se producen relevos que usan los más sanguinarios métodos para demostrar su poder.

En el caso de los municipios del norte y centro del departamento, se sabe que los asesinatos múltiples que se han registrado en días recientes son producto de la permanente confrontación de bandas delincuenciales por el control del microtráfico. Al igual que en Cali, donde esos registros se disparan con frecuencia como ocurrió el pasado fin de semana, el crecimiento de la demanda de estupefacientes incentiva la actuación de la delincuencia.

Y en no pocas ocasiones, ese crecimiento de la criminalidad encuentra escapes en la corrupción a algunas autoridades y en la impunidad resultante de una Justicia abrumada por la cantidad de casos a su cargo, lo que lleva a los jueces a decretar la libertad y la casa por cárcel a consumados delincuentes. Como consecuencia, la región, al igual que en muchas partes de Colombia, se ve expuesta a la amenaza de una criminalidad a la cual no se le puede responder con ofertas de negociaciones y amnistías que desnudan la debilidad del Estado y se convierten en incentivos para las conductas antisociales.

Por eso existen grandes preocupaciones acerca del futuro de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, y los ofrecimientos de amnistías y perdones a las organizaciones criminales que acepten negociar su desactivación. Es evidente que tales propuestas son alicientes para quienes ordenan y ejecutan los asesinatos de policías y soldados a cambio de dinero, buscando reconocimientos de carácter político.

Con respecto al Valle, lo que se requiere es el fortalecimiento en la presencia de la Fuerza Pública y de los organismos del Estado encargados de enfrentar el crimen. Es la manera de ofrecerle tranquilidad y protección a una región afectada por la violencia que destruye su confianza en las instituciones.