“Declarar como ‘Día Cívico para la Participación Ciudadana’ el próximo 18 de marzo de 2025, con motivo de garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad” se lee en el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro con ocasión de las marchas que convocó para hoy en todo el país.

Y aunque en principio podría decirse que se trata de un simple llamado al ejercicio de un derecho constitucional, la realidad es que esa decisión ha generado inquietud en sectores de la población que temen que durante las manifestaciones o a propósito de ellas se puedan registrar graves alteraciones de orden público.

Por eso, lo primero que deben tener claro los colombianos es que el derecho a la protesta no puede ser sinónimo de violencia y que nada justifica que en medio de las manifestaciones se presenten actos de agresión hacia los marchantes ni hacia quienes rechazan esa propuesta.

Una sociedad democrática y civilizada es aquella donde las diferencias se pueden expresar sin caer en el ataque al otro, mientras que el sentido común llama a no dejarse provocar y a tomar distancia de las situaciones que puedan implicar algún riesgo para la integridad personal o colectiva.

Además, está claro que en un Estado de Derecho, como lo es Colombia, las autoridades están en la obligación de garantizar el mantenimiento del orden público en el país bajo cualquier situación, por supuesto respetando los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.

Así que, en medio de las diferencias ideológicas y de las tensiones políticas entre quienes apoyan las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional y los que las rechazan, lo que debería suceder es que la de hoy sea una jornada tranquila, en la que los colombianos expresen o no su respaldo a las iniciativas gubernamentales.

Dicho lo anterior, también hay que dejar en claro que el Presidente y sus funcionarios están en la obligación de respetar la separación de poderes consagrada en la Constitución, ante lo que es válido preguntar si el llamado a marchar justamente el día en el que se tiene previsto votar la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado no es un acto de presión indebida ante el Legislativo.

Si bien es legal que la Casa de Nariño convoque una consulta popular sobre ese o cualquier otro tema de interés nacional, no se puede olvidar que los congresistas fueron elegidos con el voto de los colombianos, lo que les otorga una innegable legitimidad a las decisiones que ellos tomen, sin importar si son favorables o contrarias al Gobierno.

Es de esperar que la cordura reine hoy entre quienes se manifiesten en las calles a favor de las reformas y los que las rechacen, que las autoridades garanticen la movilidad y la tranquilidad de los colombianos y que quede claro que el Ejecutivo no está utilizando los recursos públicos para financiar actos con fines electorales, como algunos han denunciado que sería su verdadero propósito.