No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de “romper relaciones” con otras ramas del poder público. Esa amenaza como la de convocar a protestas callejeras, es a las que recurre cuando sus propuestas no salen como él pretende. Su nueva batalla es contra el Congreso de la República, donde tambalean las reformas laboral y de salud, por lo cual anuncia una consulta popular para que sea “el pueblo” el que decida sobre ellas.
Cuando el Primer Mandatario de los colombianos pensó que tenía el camino allanado en el Legislativo al nombrar a Armando Benedetti como su ministro del Interior, un viejo conocido en el Congreso, para que hiciera el lobby necesario y las negociaciones a que hubiera lugar para sacar sus iniciativas adelante, un grupo mayoritario de senadores de la Comisión Séptima de la Cámara Alta se atravesó a sus propósitos.
Ocho congresistas, de quince, presentaron ponencia de archivo a la reforma laboral, con lo cual el proyecto está hundido en la práctica, mientras se espera que igual suerte corra la reforma a la salud, que aunque ya pasó los dos debates en la Cámara de Representantes, no la tiene fácil en el Senado.
Por ello, desde hace una semana los colombianos han escuchado al presidente Petro acusar de enemigos del pueblo a los congresistas, anunciar una ruptura entre el Gobierno y el Legislativo que aún no se da, y asegurar que va a convocar a una consulta popular. El Mandatario parece tener la seria convicción de que en las urnas logrará lo que en Congreso le ha sido tan esquivo.
Si bien el Presidente de la República está en su derecho de proponer el uso de las herramientas que otorga la Constitución Nacional para que los colombianos tomen decisiones, no puede ignorar que senadores y representantes a la Cámara son elegidos por voto popular, lo cual les da amplio poder para que discutan a nombre de los ciudadanos las leyes que deben regir en el país.
El Mandatario ha llamado, además, a nuevas marchas en el país para el próximo martes 18 de marzo, que según él serán el “inicio de la campaña por el sí en la consulta popular”. Es de esperar que el lenguaje beligerante usado hasta ahora por quien rige los destinos de la Nación no se traslade a las calles, que las protestas transcurran en orden, se preserve la calma en todo el territorio nacional y la jornada no sea utilizada por unos pocos para imponer la violencia ni afectar la seguridad ciudadana.
No se puede olvidar que Colombia es un Estado democrático de derecho, en el que está garantizada la independencia de los tres poderes públicos y que se rige por una Constitución y unas leyes que son de imperativo reconocimiento, incluso y en primer lugar por el Presidente de la República. Ningún bien le hace a la Nación que desde la cabeza se intente azuzar la división del país o desconocer el orden vigente.