“La Fiscalía, ante unas pruebas, tiene que proceder y solicitar la autorización para continuar con unos indicios ante la Comisión de Acusaciones. Si el tema no fuera tan relevante y espinoso, no tendría por qué tener una reacción tan abrumadora por parte del presidente Gustavo Petro”.
Así analiza el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, la respuesta del Mandatario al ente acusador, luego de que este compulsara copias a tres instancias para que investiguen el ingreso de dineros irregulares a la campaña de Petro a la Presidencia, por las declaraciones de su hijo Nicolás, filtradas en video.
“El Fiscal General compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora”, fue uno de los comentarios que hizo el Jefe de Estado en su cuenta de X.
Al respecto, Charry menciona que “el video es claro en mostrar la declaración que hizo Nicolás en las que asegura que sí entraron dineros a la campaña, es decir, no fueron cinco meses antes y la Fiscalía, al ser conocedora de ese indicio, debe proceder ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si fuese un hecho menor, nadie estaría alegando nada, pero es un hecho de importante envergadura”.
En su tuit, el Presidente aseguró que en ese interrogatorio, revelado por la revista Semana, su hijo “habla de la financiación, al parecer, por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas”.
“Ni al interrogador de la Fiscalía ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestación de la ‘P’ en Barranquilla (encuentro multitudinario a favor de la campaña de Petro a la Presidencia), estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”, señala el Jefe de Estado.
De su lado, el politólogo Alejandro Echeverry indica que este es un ‘round’ más que el Presidente y el fiscal Francisco Barbosa, vienen teniendo desde antes de que el primero fuera Mandatario y que se ha agudizado en este primer año de Gobierno.
“En términos de la institucionalidad, no le favorece al país que se ponga en cuestión la Presidencia de la República, no desde una dinámica jurídica ni legal, sino política, en virtud de que lo son las antípodas entre el Jefe de Estado y el Fiscal General, pues no es sano para un país como Colombia”, dice Echeverry.
La ‘pelea’ inició el pasado lunes, cuando el ente acusador sacó un comunicado en el que solicitaron la investigación a la campaña presidencial, luego de que Nicolás Petro asegurara que a esta habían entrado dineros de dudosa procedencia.
“Nicolás Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña de Gustavo Francisco Petro”, informó la Fiscalía.
Por ello, el comunicado explica que el fiscal delegado del caso había compulsado copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para que se indague la presunta comisión de delitos relacionados con la financiación de la campaña Petro Presidente.
En respuesta, Petro reiteró que la Fiscalía se había equivocado, pero aun así “el Fiscal General compulsó copias sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”.
Y añadió: “Completo ocho años de investigación permanente por las fiscalías, que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país”.
Al respecto, Echeverry manifestó que “el Presidente debe someterse a las dinámicas jurídicas de la misma institucionalidad, pero no tiene las garantías para hacerlo y, en el caso de Barbosa, creo que ha abusado del poder y de las herramientas jurídicas que le da la Constitución y parece como si estuviera quemando sus últimos cartuchos para poder desestabilizar precisamente esa institucionalidad”.
Será entonces la Comisión de Acusaciones la que va a determinar si esas copias se van a acumular con otras investigaciones o si se hará de forma individual. Las decisiones al respecto se conocerán en los próximos días.
“Esa Comisión determinará si el indicio conducirá a nuevas pruebas y por consiguiente a la apertura formal de una investigación, pero, como se dice en el argot popular, ‘el que nada debe, nada teme’, y por eso extraña un poco la reacción deliberada de Gustavo Petro”, dice el docente Charry.
Agrega que “se podrá impugnar si los videos fueron o no conseguidos de manera irregular por parte de la revista Semana para publicarlos, pero el hecho político es que ya hay una declaración de manera procedimental y que, además, el declarante, en este caso Nicolás Petro, está acompañado por un abogado, quien debió haberle recomendado, en caso dado, abstenerse o hacer esas declaraciones”.
Y continúa: “Nicolás hace esas declaraciones buscando tener un mejor acuerdo con la Fiscalía, cosa que finalmente, como ya sabemos, no se logró, entonces es ahí dónde empieza a tornarse de un tema de carácter netamente jurídico a uno político, pero la última palabra la tendrá la Comisión de Acusaciones de la Cámara”.
A su vez, el politólogo Alejandro Echeverry comenta que “estas ‘peleas’ entre el Gustavo Petro y el Francisco Barbosa no le convienen a Colombia ni a la institucionalidad, sino que, por el contrario, agudiza la polarización que este país ha tenido en los últimos años y que realmente no ha conducido a nada bueno”.