Ante la ola de violencia que azota en los últimos años al municipio de Jamundí, el alcalde de ese territorio, Andrés Felipe Ramírez, instó al gobierno de Gustavo Petro, a través de su red social Twitter, a que haya una intervención real de las autoridades para que cese la guerra por parte de diversos grupos armados en esta zona del país.

Cinco personas fallecidas, dos vehículos incinerados y un automóvil afectado con explosivos es el saldo de un presunto enfrentamiento entre disidentes de las Farc en el corregimiento La Meseta, zona rural de Jamundí, en el pasado mes de abril

El dirigente político hizo referencia en su publicación a lo que ha acontecido en las últimas horas en este municipio, cuando la violencia se ha recrudecido. “Pdte @petrogustavo vpdta @FranciaMarquezM este es un llamado desde el fondo de mi corazón, Jamundí no aguanta más sangre. Les necesitamos. Jamundí no aguanta más derramamiento de sangre. Es muy doloroso tener que informar la muerte de dos personas que habían sido secuestradas este fin de semana en la zona rural. Dos hombres trabajadores quienes ahora son una cifra más de esta guerra que pareciera no quiere dar tregua. ¿Qué más debe pasar para que nos miren y toda la fuerza del Estado le responda a Jamundí?”.

Cabe decir que donde más se han visto afectados sus habitantes ha sido en las veredas y corregimientos aledaños al municipio de Jamundí, como lo son San Antonio, Villa Colombia, La Ampudia, Potrerito y La Liberia, zonas utilizadas como corredor de narcotráfico, y donde hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc.

Estos territorios fueron epicentro, en 2018, de una la lucha sangrienta entre el grupo armado Los Pelusos y la disidencia Jaime Martínez de las Farc por el control territorial y que dejó decenas de muertos y varios casos de violencia y desplazamientos, como lo había advertido una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, explicó hace unas semanas que, pese a que el Ejército sigue haciendo presencia en la zona rural, se han dificultado las llamadas ‘operaciones a mayor profundidad’. “Es decir, el Ejército hace presencia de manera distinta; está sobre los corredores. Sin embargo, ya no como antes, cuando las tropas estaban asentadas en un lugar, sino que están en permanente movimiento; pero hay presencia del Ejército y hay presencia institucional”.

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

No obstante, y pese a ser el municipio que recibe uno de los mayores impactos del conflicto armado y el fenómeno del narcotráfico en el Pacífico colombiano, Jamundí no es parte de los planes principales del Gobierno nacional para el beneficio de las comunidades a través de iniciativas y ayudas estatales. Sin embargo, es citado permanentemente en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Son más de 1.500 hectáreas las que tiene el municipio cultivadas con hoja de coca y aún así el Gobierno nacional no ha incluido a Jamundí ni en los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ni en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y mucho menos de las llamadas zonas estratégicas de intervención integral.

“Es importante que Jamundí sea priorizado con relación a la intervención integral de estos sectores, que estemos incluidos en los PDET, en las zonas de intervención integral o en el PNIS para lograr la sustitución de cultivos de uso ilícito y ese es el gran reto que tenemos”, señaló el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

La difícil labor de patrullaje del Ejército en Jamundí

La tolerancia del Gobierno nacional ante el accionar de las organizaciones armadas ilegales, a fin de lograr la anunciada paz total, está pasando factura en la zona alta del municipio de Jamundí, tal como ocurre en otras regiones del país.

Ejército Nacional / referencia | Foto: COLPRENSA ©

La llamada guardia campesina obligó semanas atrás a las tropas de la Tercera Brigada del Ejército a retirarse de algunos sectores en la zona montañosa del municipio, alegando supuestas afectaciones a los derechos humanos de los habitantes por la presencia de los uniformados.

Tras el hecho, el general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada, denunció las presiones que estarían recibiendo los campesinos de la disidencia Jaime Martínez de las Farc para exigir el retiro del Ejército del lugar, convertido en corredor estratégico del narcotráfico.