Aunque muchos aseguran que el Gobierno Nacional obtuvo un triunfo pleno al término de este primer semestre legislativo, no es un secreto que sus grandes apuestas fueron aprobadas con diferencias significativas al contenido inicial de los proyectos que puso a consideración del Congreso.

Es por ello que el analista político Álvaro Benedetti advierte que “hay acciones que aseguran gobernabilidad y han facilitado que se haya registrado una ‘aplanadora’, pero esto no es conveniente de cara a la legitimidad e institucionalidad que debe suponer un Congreso de unidad”.

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Además, es evidente que durante las últimas semanas de sesiones la coalición oficialista acusó desgaste y grietas que se tradujeron en fuertes polémicas y en debates que tuvieron que aplazarse por falta de quórum, pese al predominio en el papel de la alianza del Pacto Histórico, como partido de Gobierno, con otras fuerzas como la Alianza Verde, la U y los conservadores y los liberales, entre otros.

Al respecto, el representante a la Cámara ‘verde’ Duvalier Sánchez menciona que es necesario que esas diferencias “de las bancadas de los partidos tradicionales con el Ejecutivo no intenten ser reparadas con puestos y clientelismo desaforado, porque el cambio no solo era derrotar al uribismo o a los gobiernos de derecha, sino que era elegir personas idóneas para el sector público y no que fueran por recomendación política”.

Es por ello, que su colega por el Centro Democrático Christian Garcés observa que aunque “no se han cumplido los seis meses de Gustavo Petro en la Presidencia, se ve el desgaste de la coalición en el Congreso, que no responde a coincidencias programáticas, sino a acuerdos clientelistas donde la izquierda radical socialista se alió con la política tradicional para satisfacer intereses individuales a cambio de aprobar reformas en Cámara y Senado”.

No tan efectiva

Garcés añade que “leyes como la reforma tributaria, la Paz Total o la que crea el Ministerio de la Igualdad han sido aprobadas, pero con cambios que se han logrado gracias a los cuestionamientos y denuncias que han hecho la oposición, los medios y los gremios”.

La tributaria podría ser el ejemplo más claro de ello, porque, pese a que es la más alta que se haya aprobado en los últimos años, el Ejecutivo tuvo que ceder en parte de sus aspiraciones.

En efecto, al principio se había anunciado que por esa vía el Gobierno buscaría un recaudo de $50 billones, pero, ante el rechazo de varios sectores, decidió presentarla por $25 billones y finalmente fue aprobada por 20.

Esto después de eliminar el artículo que pretendía gravar con impuestos de renta las pensiones superiores a los diez millones de pesos, porque, a pesar de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que solo afectaría al 1 % de la población, no logró el consenso necesario para mantenerse en la iniciativa.

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Otro de los tropiezos legislativos del oficialismo ocurrió a propósito de la reforma al Código Electoral, presentada por el Registrador Nacional con el aval del Gobierno y que fue aplazada repetidas veces por inasistencia de los congresistas, hasta que el propio presidente Petro pidió que se aplazara su discusión hasta el próximo año.

Y el capítulo final corrió por cuenta de la reforma política, cuya conciliación tuvo que ser aprobada en la madrugada del pasado jueves para que no se hundiera, y que estuvo a punto de frenarse en la plenaria de ese mismo día en la Cámara de Representantes ante supuestas dudas jurídicas que originaron una cascada de impedimentos.

Según Duvalier Sánchez, se ve que las bancadas se han resistido a muchas iniciativas, por lo que seguramente el próximo año “eso será más conflictivo y quizás el Gobierno no la tenga tan fácil” a la hora de buscar el aval para sus iniciativas.

Asimismo, Álvaro Benedetti añade que en el caso de la reforma política, que tras cumplir su primera vuelta deberá ser retomada en marzo próximo antes de convertirse en ley, “luego de los pronunciamientos de la representante Katherine Miranda es posible que ciertos atisbos de la iniciativa vayan a resquebrajar la unidad congresional”.

El analista explica que “no es poca cosa que se especule que ese proyecto vaya a significar una puerta de entrada a la perpetuación del Gobierno Petro, porque se habla de una reforma que permitiría que los congresistas sean ministros, también el tema de las listas cerradas, que fue una victoria temprana; además de las coaliciones de partidos, que iría muy en detrimento de las minorías políticas”.

Logró la gobernabilidad

Pese a lo anterior, al hacer el balance del primer periodo legislativo los expertos reconocen que el Ejecutivo no solo logró sacar adelante varias de sus propuestas banderas sino que lo hizo en tiempo récord, de la mano de la presidencia congresional de Roy Barreras.

“La agenda legislativa ha fluido bastante bien a propósito de los intereses del Gobierno, porque desde la victoria electoral el Presidente y sus más directos colaboradores se han encargado de garantizar gobernabilidad con relación a su representación política”, dice Benedetti.

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Y el representante Sánchez agrega que el presidente Petro “está determinado en cumplirle a sus electores. Ha presentado reformas orientadas a sus banderas, a las causas de campaña y ha contado con un Congreso y una coalición que le ha respondido”.

En su opinión, por esa razón es que se han avalado la Jurisdicción Agraria, la Paz Total, el Acuerdo de Escazú, el Servicio Social para la Paz. “Entonces, se debe reconocer que el Presidente está respondiendo a sus causas de forma coherente”.

En efecto, la aprobación de la Ley del Tratado de Escazú, uno de los ejes de controversia que el Mandatario tuvo con el Gobierno de Iván Duque, fue uno de los primeros triunfos de Petro, así como el Presupuesto General de la Nación para 2023, valorado en $405 billones y que en el primer semestre del año será adicionado con el dinero que se espera recaudar de la reforma tributaria.

Y aunque el actual Jefe de Estado ganó la elecciones siendo muy crítico a la exploración petrolera y carbonífera, el Congreso de la República aprobó igualmente la Ley del Presupuesto Bianual de Regalías, la más alta de la historia, por un monto de $31,3 billones, dinero que si bien se invertirá con mayor destinación en las regiones, el Ejecutivo tendrá un gran énfasis en decidir las obras a aprobar.