Por medio de una carta conocida este 6 de mayo, el exalcalde de Bogotá y exsenador Antanas Mockus renunció al Partido Verde.

Precisamente, esta decisión se da después de que dos de sus miembros como Iván Name, presidente del Congreso, y Sandra Ortiz, saliente consejera para las Regiones, resultaron salpicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, aseguró que le dio plata en efectivo a Ortiz, quien se la hizo llegar a Name para facilitar la aprobación de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según expresa Mockus en el documento enviado a las directivas de la colectividad, “después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días”.

Antanas Mockus era uno de los políticos más populares del partido.

Asimismo, agrega que se retira del partido “siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida”.

Finalmente, señala que, aunque espera que los acusados puedan defenderse, si considera grave lo ocurrido y hasta califica de “insostenible” su participación en la colectividad.

De momento, el Partido Verde no se ha pronunciado al respecto tras la renuncia, aunque del escándalo ya habían solicitado que se aperture conocimiento mediante investigación formal al Consejo Ético por las acusaciones de Name y Ortiz.

Este lunes se conoció el documento con el que Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitó el principio de oportunidad para revelar los presuntos hechos de corrupción al interior de esta entidad.

“Olmedo de Jesús López Martínez, identificado como aparece al pie de mi firma, acudo ante usted con el objetivo de solicitar la aplicación del principio de oportunidad de conformidad a lo señalado en el artículo 324 de la Ley 906 del 2004″, dice el documento que López envió a la Fiscalía General de la Nación.

La plata para pagar los sobornos a los congresistas al parecer salió del polémico contrato de los carrotanques, que buscaba llevar agua a las comunidades más pobres de La Guajira y costó 46.000 millones de pesos.

Entre otras irregularidades, estaría la adquisición de 40 carrotanques, los cuales costaron alrededor de 46 mil millones de pesos, pero que, hasta el momento, están guardados sin tener algún uso, además de que se denunció presuntos sobrecostos en la compra de estos vehículos.