“Todas esas investigaciones hay que hacerlas, y ya será la justicia la que determine si hubo financiación indebida de las campañas, pero creo que es necesario y justo, en virtud de todo lo que está pasando, que se haga un debate público sobre quiénes deben financiar las campañas electorales”.
El planteamiento lo hace el politólogo Alejandro Echeverry, a propósito de la supuesta llegada de $ 500 millones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, pero que habrían ingresado como donación a Colombia Humana, el partido del mandatario, para, al parecer, eludir los controles.
Pero la polémica se avivó porque el Jefe de Estado se defendió de tal acusación trayendo al debate aportes que habrían entrado a la campaña presidencial de Iván Duque.
“La empresa inmobiliaria CMB SAS le donó a la campaña de Duque, según acta firmada, 560 millones. Cosa que estaba prohibida. Ante el hecho, decidieron cambiar la donación hacia el partido Centro Democrático, hecho que es legal”, señaló el Presidente el pasado lunes en su cuenta de X.
Y agregó: “Nunca la allanaron, ni iniciaron procesos penales. El CNE determinó que el hecho era legal”, reprochando que “a nosotros no nos pasa lo mismo. Allanaron el sindicato de maestros porque le donó, según acta, 500 millones al partido Colombia Humana, y por ello iniciaron procesos penales sin concepto del CNE. Estamos bajo toda una persecución política ejercida por los funcionarios de Duque, que controlan la Fiscalía”.
Ante ello, Víctor Muñoz, director del Dapre en el gobierno anterior, respondió: “En segunda vuelta, NO se recibieron aportes, ni de personas ni de empresas, todo se financió con el anticipo de ley y créditos a tasas de mercado. En primera vuelta solo se recibieron aportes de personas naturales y en ningún caso superiores a $ 80 millones”, agregando que la campaña y el partido Centro Democrático tenían cuentas independientes y estructura financiera independiente.
Y añadió: “Se han hecho innumerables revisiones, incluidas las de CNE a las cuentas de la campaña y, como está soportado y demostrado, todas las cuentas estuvieron en regla”.
Echeverry, de su lado, recuerda que en algunos momentos se ha planteado que solo el Estado financie las campañas electorales, “para así evitar todas estas suspicacias que se generan alrededor de las financiaciones. Creo que es pertinente que se abra un debate para que se determine si el Estado debe garantizarles recursos a todos los partidos políticos para poder ejercer en democracia sus procesos”.
Sin embargo, añade que eso generaría una discusión más estructural, que es la proliferación de partidos “que dificultan esa financiación, pero sobre todo permite, como pasó tras la promulgación de la Constitución del 91, que se generen microempresas electorales, donde puede haber recursos del sector privado o de otros sectores”.
Fecode reconoce el aporte
Lo cierto es que, aunque en un principio se intentó negar la veracidad de la denuncia, se conoció una constancia de las directivas del gremio de educadores confirmando el aporte económico a la campaña del hoy Mandatario.
“Que el Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña “PETRO PRESIDENTE 2022-2026″, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación”, se lee en el documento membreteado y firmado el 16 de septiembre de 2022 por Domingo José Ayala Espitia, en calidad de fiscal de Fecode.
Y precisa que “el día 24 de mayo del año en curso se giró el cheque N°. 4546139 por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000) moneda corriente a nombre del señor DAGOBERTO QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 3226621, en calidad de representante del movimiento político COLOMBIA HUMANA”.
Fue por ello que el pasado 22 de enero la Fiscalía allanó las oficinas de Fecode, en medio del proceso que sigue por la presunta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro, bajo la premisa de que esos $ 500 millones no habrían sido debidamente reportados ante el CNE, como lo disponen la ley.
Sin embargo, de acuerdo con los medios de comunicación como Semana y La Silla Vacía, Colombia Humana sí reportó ese aporte dentro de sus ingresos anuales, y lo que buscaban los funcionarios de la Fiscalía en la sede de Fecode eran actas y detalles del cheque que le habrían entregado a Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña presidencial.
¿Una historia repetida?
“Sin duda que la Fiscalía debe establecer si hubo ilícitos en la aprobación de la donación de Fecode, si esos dineros fueron a la campaña o al partido Colombia Humana y si se violaron los topes de financiación. El problema es que se ha incurrido en un círculo vicioso y en un relativismo moral en Colombia, que al presidente Petro le asiste algo de razón cuando cuestiona hechos como la presunta donación de $ 560 millones a la campaña de Iván Duque no reportada”, dice el analista político Jhon Mario González.
Pero, advierte, “hay otras aún peores que nunca se investigaron, como los 300.000 dólares presuntamente donados por el magnate venezolano Oswaldo Cisneros a la campaña de Iván Duque y resuelta con meras disculpas de la directora del partido Centro Democrático en su momento, Nubia Stella Martínez. También las investigaciones a María Claudia Daza, que quedaron en nada y que parecía protegida por el gobierno y la Fiscalía”.
Por eso, para él, “hay tal deslegitimación institucional, pérdida de credibilidad y de capacidad de asombro, que difícilmente la investigación (a la campaña Petro) pasará de un escándalo nacional más. Porque, además, aunque hubiera irregularidades, el Presidente pudiera alegar que desconocía los hechos y el caso se tornaría en un debate político. El único que de seguro pierde es el país, cuando tiene que bajar tanto la vara para medir la discusión política y penal, bajo el paradigma de todos en la cama o todos en el suelo”.