Sin haberle dedicado mucho tiempo y logrando consensos rápidos, el Gobierno pudo tener el apoyo de las mayorías del Senado de la República en la aprobación del proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción agraria, el cual es la reglamentación de la reforma constitucional que en tal sentido salió la legislatura pasada.
Este proyecto alcanzó el respaldo de varias bancadas, incluidos los de oposición. Al respecto uno de sus ponentes fue el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, aseguró que este es el primer paso para que se consolide la reforma rural del Gobierno.
Motoa explicó además que “cuando se logra consensos y verdadera voluntad de trabajo conjunto entre partidos políticos se tienen vía libre como esta iniciativa de ley estatutaria. Recordemos que el 23,7% de la población colombiana vive en la ruralidad, esto es, 12.2 millones de personas que al igual que el colombiano de los cascos urbanos y las grandes ciudades, necesita de un servicio de Justicia eficiente y cercano, que le permita dirimir sus problemas legales”.
El senador opositor advirtió que para su trámite en la Cámara se requiere ajustar temas como la actualización catastral (seguridad jurídica) o mayor presencia de la Fuerza Pública en zonas rurales, dispersas y/o de difícil acceso (seguridad física).
Motoa sostuvo que contrario a las reformas sociales del gobierno Petro, este proyecto es de las iniciativas del Gobierno Nacional que menos resistencia genera, “la realidad es que la Rama Judicial está corta de personal y si Colombia realmente quiere apostarle a la descongestión necesita incrementar su número de jueces y magistrados”.
Dijo Motoa que de casi 2.2 millones de personas que trabajan en el Estado (entre personal de carrera y contratistas), solo 33.900 personas sirven en la Justicia, es decir, el 1.5% del total. De los cuales, cerca de 5.300 serían jueces de la República a cargo de un inventario que en 2020 ya sumaba 1.9 millones de casos.
*Con información de Colprensa.