Por Olga Lucía Criollo, Editora Política
“Aprobarla con rapidez o dejarla hundir”. Tan contundentes y pocas, como las enumeró ayer el presidente Gustavo Petro en un mensaje que publicó en la red social X, son las opciones que le quedan a la reforma pensional de convertirse en ley de la República.
En primer lugar, porque únicamente restan 36 días para que se termine el actual periodo de sesiones del Congreso y, de acuerdo con la Ley Quinta, que reglamenta el funcionamiento del mismo, de no ser aprobada en los dos debates que le restan, tendría que ser archivada, después de haber sido radicada en marzo del 2023.
Pero también porque su camino podría estar lleno de obstáculos que incluyen desde el racionamiento de agua en Bogotá hasta la polémica propuesta de modificación que el propio Mandatario hizo sobre la iniciativa al otro día de que fue avalada por el Senado.
De igual forma, analistas coinciden en que, pese a que esta es la reforma que menos resistencia ha generado entre las propuestas por el Gobierno al Legislativo, podría verse afectada por el desarrollo que en las próximas semanas tenga el entramado de corrupción denunciado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y la votación del Consejo Nacional Electoral, CNE, a la ponencia que pide formular cargos al Presidente por el financiamiento de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.
Lo cierto que ayer se inició el trámite formal del proyecto de ley, con la realización de una audiencia pública a cargo de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la que las partes interesadas empezaron a expresar sus puntos de vista sobre él.
En ella, dice la agencia Colprensa, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, explicó cómo avanzó la iniciativa del Senado a esa corporación, enfatizando en la forma en que operarán los cuatro pilares del sistema pensional propuesto.
En su opinión, la reforma ya fue suficientemente negociada con los partidos con asiento en el Legislativo. “Este texto tiene los artículos fundamentales, que no van a ser sujeto de discusión política. Las diferencias se analizarán en la Cámara y ustedes definirán la propuesta del presidente Petro sobre la pensión de los más pobres”, les dijo a los integrantes de la Comisión, en alusión a la última propuesta del Jefe de Estado.
A su vez, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó que “con los pilares de la reforma pensional buscamos ampliar la cobertura, no solo para sacar a los adultos y adultas mayores de la pobreza, sino también, mediante la pensión anticipada, expandir el acceso a las pensiones y subsidios en el país” e insistió en que “queremos garantizar un sistema pensional más accesible y justo y erradicar la pobreza extrema en la vejez”.
“Una ley, si no tiene vocación de aplicabilidad, es imposible que pueda surtir los efectos que se quiere, y eso está pasando con este proyecto. Tan solo hay que oír al delegado del Ministro de Hacienda, quien dice que se deben hacer varias correcciones a la iniciativa”, dijo a su turno la procuradora delegada, Diana Ojeda.
Además, llamó la atención a Colpensiones porque, en su concepto, no está preparada para asumir una reforma de ese tamaño y más a partir del 1 de julio de 2025: “Eso no se hace de la noche a la mañana; eso requiere muchos años de trabajo”.
De su lado, Percy Olaya, líder de la Confederación General del Trabajo, respaldó el proyecto: “Estamos aquí para llamar la atención de la Cámara para que hagamos posible que sea real esta reforma que reclamamos todos los colombianos. La proyección a la vejez y la solidaridad es fundamental”.
Y el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, de acuerdo con Colprensa, señaló que “esta no es una reforma pensional y no necesita estar en este proyecto de ley; se puede hacer por medio de un decreto”.
Lo que dicen los ponentes
Martha Alfonso, integrante de la Alianza Verde y quien fue designada coordinada ponente del trámite de la iniciativa en la Comisión Séptima de la Cámara, indicó que la misma “amplía las posibilidades de que más gente reciba un bono pensional o una pensión en Colombia”, por lo que hizo un llamado al consenso y al análisis riguroso para sacarla adelante en corto tiempo.
Sin embargo, en declaraciones a medios, reconoció que la propuesta presidencial de subir a 4 salarios mínimos el umbral de cotización en el fondo público, después de que con el Partido Liberal y algunos senadores de la U se acordó bajarlo de 3 a 2,3, podría generar problemas para el avance del proyecto.
“Esa es una discusión que se tiene que dar al interior del equipo de ponentes y tiene que ser ahí el primer escenario de concertación. Creo que llevarlo a cuatro es generar un ambiente tenso de discusión que no nos conviene, por el poco tiempo que tiene la reforma, pero sí aspiraría a que podamos subir ese techo porque, ampliar esa base de cotizantes, significa mayor capacidad del régimen de prima media para pensionar a la gente, que es el objetivo de un sistema pensional”, dijo.
Pero el Jefe de Estado no estaría en tono conciliador, ya que en su mensaje de X, después de volverle a reclamar al presidente del Senado, Iván Name, por no haberla agendado en un año, dijo: “Si la hunden, tres millones de viejos y viejas, hoy sin ningún ingreso, no podrán obtener un bono pensional decente. Si la hunden, es un absurdo antihumano”.
Y añadió: “La política no puede decirle a la sociedad colombiana que prefirieron salvarle unas utilidades marginales a los dos banqueros y para ello condenaron a la miseria a millones de personas en vejez y miseria”.
De su lado, el representante por la U, Víctor Manuel Salcedo, otro de los ponentes, indicó que buscará “garantizar una reforma responsable, que responda a las necesidades tanto de los actuales pensionados como de las futuras generaciones de pensionados del país”.
Y resaltó que velará por “la equidad en el sistema de protección a la vejez y la sostenibilidad fiscal, con un umbral de cotización a Colpensiones de 1,5 salarios mínimos, que responde de forma adecuada a la necesidad presupuestal inflexible que se crea para el Estado en el pago de pensiones”.
Los otros ponentes de la pensional en la Cámara serán el liberal Héctor David Chaparro; Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático; Betsy Pérez, de Cambio Radical; el conservador Jorge Alexander Quevedo; Germán Gómez, del partido Comunes; Juan Carlos Vargas, por las Curules de Paz, y Alexánder Vásquez y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico.
Ahora bien, según pudo establecer El País, ayer la representante Alfonso se dedicó a tratar de definir las fechas en las que se daría el debate en la Comisión, así como la estrategia que implementarán para sacarla adelante. Sin embargo, al menos hoy no se iniciará la discusión, ya que, debido al racionamiento de agua vigente en Bogotá, la Cámara no sesionará.