Este viernes 23 de junio concluyó la jornada de citaciones de la Fiscalía General de la Nación para buscar respuestas frente al robo de dinero de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y los escándalos que le siguieron. Diez personas fueron llamadas para declarar, siendo el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, el último en la lista.
Benedetti acudirá a su derecho fundamental a “guardar silencio”, según una carta de sus abogados. Según el texto, enviado al fiscal general, Francisco Barbosa, el saliente funcionario no fue notificado, pero se enteró por medios de comunicación que debía presentarse ante el ente acusador.
“Es fácil advertir la relación entre la investigación en la que estoy siendo llamado a declarar, y aquella en la que aparezco como indiciado. Razón suficiente para ejercer el mencionado derecho constitucional”, dice la carta.
Además, la fiscalía anunció en un comunicado de prensa que llamaba a Benedetti a propósito de la investigación abierta por el escándalo del caso de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza. El organismo investigador lo citó a una declaración jurada para este viernes 23 de junio, “para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.
Asimismo, en un comunicado, la Fiscalía señaló que “un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se reunió en la mañana de hoy con el señor Benedetti Villaneda, quien aseguró no poder declarar en el momento por las amenazas que habría recibido durante los últimos días”.
De acuerdo con la información, el ex embajador habría indicado “que interpondrá la denuncia por el delito de amenazas, tan pronto recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido”.
“De igual manera, solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar”, agregó la misiva y reiteró que la diligencia será reprogramada.
De otro lado, para el jueves había sido reprogramada la diligencia de declaración jurada de Harold Rondón, conductor de la UNP asignado a Laura Sarabia. Debía presentarse el 20 de junio, pero también alegó problemas en su notificación.
Ese día también le tocaba a la propia Sarabia, pero, por petición de ella misma, acudió el miércoles, 21 de junio. Ese día, en una entrevista, reveló detalles del robo en su vivienda. Sostiene que el monto de dinero es de 7.000 dólares y, además, también fueron hurtados documentos oficiales, lo que causó que en Palacio se tratase el evento como asunto de seguridad nacional, lo que desembocó en el uso del polígrafo para investigar a la niñera Marelbys Meza.
Por el uso del polígrafo también debían presentarse el miércoles el coronel Carlos Feria, cabeza de la seguridad de Gustavo Petro. Su abogado, el penalista Marlon Díaz, ha mantenido en medios la versión de que el instrumento fue utilizado con todos los protocolos establecidos en la normativa, y que no debería ser “satanizado”.
La subintendente Luisa Calle, parte del esquema de seguridad de Sarabia, también fue a su cita el 20 de junio, en el marco de la investigación por el detector de mentiras. Ese día le correspondía turno al esposo de Laura Sarabia, Andrés Alfonso Parra, quien no asistió, amparándose en su derecho a guardar silencio.
El miércoles, además, la Fiscalía y Medicina Legal cerraron la investigación por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila. Se trató de un suicidio.
Con todo el material recogido en entrevistas y demás investigaciones, en las próximas semanas la Fiscalía tendrá que presentar un balance que indique quiénes serán indiciados y qué curso tomarán las investigaciones, mientras en la opinión pública la polémica pierde efervescencia.
Redacción de El País y Colprensa