Sobre la 1:30 p. m. de este martes 9 de mayo, llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Palacio de Justicia para adelantar la reunión de alto nivel con las altas cortes. Esto luego de la polémica que se desató por la declaraciones del jefe de Estado en contra del fiscal general Francisco Barbosa.
El mandatario llegó acompañado de la jefa de gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández.
En el otro lado están el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez; la presidente de la Constitucional, Diana Fajardo; el presidente de la Judicatura, Aurelio Rodríguez.
Producto de esta polémica se vive una gran tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Semanas atrás, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, señaló que “el fiscal general no tiene un superior jerárquico” y es escogido por el alto tribunal de manera tripartita.
El alto tribunal, por medio de un comunicado, advirtió que las declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro causan una “gran inquietud”, ya que se trata de una errada “interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, refiriendose a una de las publicaciones hechas por el mandatario en Twitter, para intentar justicar las declaraciones que hizo en España.
Asimismo, le recordó al jefe de Estado que las funciones del fiscal general se rigen bajo el ordenamiento juridico y enmarcadas en la autonomía de la Rama Judicial.
“La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”, recalcó el alto tribunal.
Además, reiteró “La Administración de Justicia, de la que forma parte el fiscal general de la nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, asimismo, hacer efectivas las obligaciones legalmente consagradas en ella sistema”.
Por tal razón, es necesario respetar la división contemplada entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que la armonía fluya.
“Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en sus providencias, solo están sometidas al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”, precisó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo.