Una ola de reacciones se ha desatado luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el pasado jueves, 13 de marzo, que el martes 18 habrá día cívico con el objetivo de que la ciudadanía salga a las calles a movilizarse en favor de las reformas que se están tramitando actualmente en el Congreso de la República.
Entre las personalidades de la política que han mostrado su descontento con la propuesta se encuentran algunos de los alcaldes de las principales ciudades del país:
Federico ‘Fico’ Gutiérrez, de Medellín, quien aseguró que para su administración defender la economía es una prioridad; Jaime Andrés Beltrán, de Bucaramanga, quien sostuvo que la suya "es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar; Alejandro Eder, de Cali, quien manifestó en diálogo para El País, que “El deseo de sacar adelante una reforma no puede paralizar el país, ni destruir lo que está funcionando bien”.
No obstante su postura, los tres alcaldes garantizaron que existirán las medidas de protección necesarias para que se ejerza el derecho a la protesta para quienes deseen acompañar desde las calles estas jornadas en pro de la agenda del gobierno Petro.
Ahora, a dichos alcaldes, se suma Carlos Fernando Galán, elegido alcalde por el Partido Liberal, quien, desde su cuenta de X, publicó que “la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico”.
Agregó que los demás servicios, como salud y educación, también se darán sin mayores contratiempos: “Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad.”
Entre las medidas que se tomarán desde la capital del país para garantizar esta nueva jornada de movilizaciones está la de desplegar equipos de diálogo y convivencia, así como gestores de movilidad y Transmilenio.
Se espera que al llamado del Presidente acudan centrales obreras, sindicatos, grupos y organizaciones sociales que ven representado su deseo en el político de izquierda.
Las reformas que han precipitado este llamado a las calles, además de un posible plebiscito, son las laborales y a la salud, dos de los pilares de la administración que más inconvenientes han tenido en su paso por el Congreso de la República y que tantos cambios ha provocado en el gabinete presidencial.