En su más reciente edición, Semana reveló detalles de cómo la multinacional brasileña Odebrecht dio millonarios recursos a las campañas presidenciales del expresidente Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, en las elecciones de 2014, y realizó sobornos por 80.000 millones para quedarse con contratos de infraestructura en el país.

De acuerdo con Semana, este dinero ingresó mediante un giro de la compañía a Impressa Group, una empresa panameña propiedad de Otto Félix Rodríguez y María Fernanda Valencia y que el país recuerda como el pago de los famosos afiches que reconoció el condenado gerente Roberto Prieto. “En 2014, la empresa volvió a aportar. Lo hizo en dos giros. El primero fue supuestamente con el objetivo de financiar unas encuestas internas por un millón de dólares. Fueron entregados por medio de la empresa Paddington, administrada por Luis Alberto Peña Bernal. A su vez, esta subcontrató a la empresa Sancho”, agregó.

Campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. | Foto: Daniel Reina
Campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. | Foto: Daniel Reina

El medio agrega que en los comicios de 2014 Odebrecht también financió la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga. El monto fue de 1,6 millones de dólares, 3.045 millones de pesos en ese momento. “A diferencia de la campaña de Santos, la plata fue girada por el departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Klienfield al publicista Duda Mendonça. Por esos hechos, recientemente la Fiscalía imputó al excandidato Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David, quien fungió como el gerente”, indicó la publicación.

De acuerdo con la Fiscalía, durante al menos 8 años estas personas habrían creado una “empresa criminal” para entregar más de 80.000 millones de pesos en sobornos | Foto: Getty Images

El fin de la multinacional, señala el artículo, era lograr “jugosos contratos” de infraestructura con el Estado. El fiscal Francisco Barbosa entregó el balance del caso durante su gestión. Señaló que se hicieron 60 imputaciones adicionales, 16 escritos de acusaciones, 4 principios de oportunidad y 11 sentencias.

Semana señaló que la multinacional le apostó a quedarse con contratos como el Tunjuelo-Canoas. Este era un megaproyecto para la puesta en operación de un túnel para el sistema de alcantarillado de este tramo durante la administración del fallecido Samuel Moreno. El costo total de la obra era de 243.117.273.906 pesos. “El soborno, según lo que se ha logrado probar, fue descarado y correspondió al 99,61 por ciento de un anticipo de 48.623.545.781 pesos”, indcó el medio.

Mientras que para el de la Ruta del Sol II el proceso de sobornos se desprendió de un contrato firmado el 14 de enero de 2010, por 2 billones de pesos.

“El giro de la plata se dio en diferentes etapas. La primera fue en la adjudicación. Allí, Odebrecht le dio 6,5 millones de dólares a Gabriel García Morales. El pago se hizo por medio de la empresa de Eduardo y Enrique Ghisays, Lurion Trading INC. Otros dos millones de dólares se repartieron para lograr la estabilidad jurídica del contrato. Los destinatarios fueron Otto Nicolás Bula, Bernardo Miguel Elias, Antonio Guerra de la Espriella y Miguel Picco Pastrana”, sostuvo Semana.

“La plata grande, sin embargo, se entregó en los otrosíes. La Fiscalía calcula que los sobornos para esa fase (en la adición del contrato y los otrosíes 1, 2, 4, 7, 9 y 10) alcanzaron los 117.782.567.475 de pesos”, agregó.

Esta semana el ente acusador anunció una nueva imputación de cargos contra 33 personas por la corrupción y sobornos de la empresa brasileña. De hecho, la imputación incluye a la cúpula de la multinacional.

De acuerdo con la Fiscalía, durante al menos 8 años estas personas habrían creado una “empresa criminal” para entregar más de 80.000 millones de pesos en sobornos.

Los hechos habrían sucedido desde la sede matriz de la empresa en Brasil, donde se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, el cual sería utilizado para la distribución de sobornos en todo el mundo, incluyendo Colombia.

“Con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares”, informó el fiscal Gabriel Jaimes.

De acuerdo con un comunicado del ente de control, esta modalidad de soborno tenía tres fases: “conseguir los mega contratos, modificar el objetos de los mismos y, para ello, cancelar dádivas pagadas a través de empresas off shore, ubicadas en paraísos fiscales. Los pagos para Colombia se hicieron a través las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda”.

Durante la investigación llevada a cabo por la fiscalía se evidenció que los sobornos no serían registrados en los balances contables de la multinacional.

“El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos, como lo fue bienes inmuebles”, sostuvo Jaimes.

Según la Fiscalía los presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos, serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, las siguientes personas:

La Fiscalía imputó cargos a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía entre 2008 y 2015, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Eder Paolo Ferracuti, Luis Antonio Bueno Junior, Yesid Arocha, Luis Batista, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira, entre otros. Asimismo lo confirmó Blu Radio.