Luego de que se diera a conocer la posible financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, fue la Revista Semana, la encargada de dar a conocer un documento realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se anuncia que se comenzarán a tomar los testimonios de los empresarios relacionados con Daily Cop, la empresa de criptomonedas que tiene a sus líderes en la cárcel y quienes dicen haber participado de la campaña de Gustavo Petro.
“Requerir al banco Davivienda para que allegue con destino al expediente con radicado CNE-E-DG-2023-002164, certificación en donde consten los datos relacionados con, el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se debitó la suma de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) a través del cheque de gerencia No 88120- 7″, dice el documento.
En el mismo documento, la entidad alega, “Requerir a la Fiscalía 40 Especializada contra el lavado de activos para que, con destino al expediente que obra bajo el radicado (...), allegue copia de la “matriz de colaboración” presentada dentro de los procesos con radicados No. (...) y (...), la cual según lo manifestado por el abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero, apoderado de los ciudadanos Ómar Hernández Doux-Ruisseau y Cristian Andrés Hernández Valencia, incluye información relacionada con la financiación de la campaña presidencial de la coalición del Pacto Histórico”.
En ese mismo texto, Semana dio a conocer que se cita a Cristian Andrés Hernández Valencia “con el objeto de que exponga todo lo que le conste sobre los (…) pagos realizados al señor (Ricardo) Roa, como financiación de la campaña electoral mencionada”, lo que según la investigación sería proveniente del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos, que estarían relacionados con la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico.
Teniendo en cuenta esto, la fecha en la que se llevaría a cabo esta diligencia con Hernández Valencia fue para el próximo 7 de mayo de 2024 a las 11:00 a.m., de manera virtual. Ese mismo día, aunque sobre las 9:00 a.m., también están llamados el apoderado de Hernández, el abogado Víctor Eduardo Muñoz, y Ómar Hernández Doux-Ruisseau por su también apoderado Muñoz.
Cabe decir que, con todos estos hallazgos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría preparando una ponencia en la que formularía cargos en contra de varias personas por esos hechos, entre ellos, a la vicepresidenta, Francia Márquez, y al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Y es que, por la complejidad del tema son varios los organismos que investigan esa presunta financiación irregular, luego de que el CNE, autoridad de Colombia en procesos electorales, desde principios de 2023, recibiera denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades en las cuentas que presentó la campaña de Petro, por lo que inició toda una investigación por parte de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes habrían tomado la decisión de radicar una ponencia ante sus demás compañeros, en la que formularían cargos a varias personas que hicieron parte de la campaña, al determinar que sí se violaron los topes legales. Estos fueron, por su puesto, el presidente Gustavo Petro; la vicepresidenta Francia Márquez; el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, y contadores y auditores del Pacto Histórico.
Ahora bien, según otra publicación periodística por la Silla Vacía, en los reportes presentados la campaña de Petro mostró gastos de $28.384 millones en primera vuelta, cuando el tope era $28.536 millones. En segunda, fueron $13.169 millones, cuando el tope era $13.347 millones. Dentro de ese dinero habría un aporte de $500 millones producto de una donación que Fecode, el sindicato de docentes, le hizo a Colombia Humana y que habría terminado en las cuentas de la campaña. A esto se suman otros aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol.
El interrogatorio que le hizo el fiscal Mario Burgos a Nicolás Petro dentro del caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en su contra, en el que habló sobre la supuesta financiación irregular que entró a la campaña de su padre; los audios de Armado Benedetti con Laura Sarabia, en los que sugería prácticas irregulares en el manejo de los dineros de la campaña, y una supuesta compra de testigos electorales son otros de los elementos que hacen parte de la investigación.
Precisamente, fue el interrogatorio de Nicolás Petro el que generó investigaciones en diferentes frentes. En esa diligencia, el hijo mayor del primer mandatario confesó que el empresario Euclides Torres, supuestamente, financió la campaña presidencial de su padre. Se refirió también al hoy senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, de quien dijo que aunque Armado Benedetti fue quien llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el hoy congresista. Por esas declaraciones, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
Redacción de El País y Colprensa