El Consejo de Estado admitió para su estudio una nueva demanda en contra de la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación para el período 2024 - 2028, la cual pide la nulidad del nombramiento.

Esta última acción judicial se basa en que, durante la sesión del 8 de febrero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se encontraban al interior del Palacio de Justicia, vivieron varias intimidaciones y amenazas por parte de manifestantes que les exigían escoger rápidamente al sucesor de Francisco Barbosa.

Según los demandantes, esta situación representó un “modo de presión” de los manifestantes que rodearon todo el edificio judicial, impidiendo la salida de los magistrados.

La demanda se basa en lo ocurrido el pasado 8 de febrero en las afueras del Palacio de Justicia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Realizaron un ‘bloqueo violento’ e ilegal del acceso al edificio donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no solo afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción, sino que puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, indicaron en la demanda.

Por lo anterior, aseguran que los juristas no tuvieron libertad ni garantías a la hora de sesionar para elegir a la nueva fiscal general. Incluso, indicaron que la situación causó que se desplegaran operativos de seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia, en aras de garantizar la seguridad en el sector, “circunstancia que pone en evidencia las situaciones de violencia y constreñimiento del que fue objeto el pleno del alto tribunal”.

“El asedio y la violencia físicos y psicológicos, así como la presión sobre la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección de fiscal general de la nación, van en contra de estos propósitos estatales, debilitando la convivencia pacífica y la efectividad de los principios constitucionales”, aseveró la demanda.

Manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Ante estas situaciones que alteraron el orden público y la correcta realización de la elección, los demandantes afirman que la elección de Camargo no cumplió con los principios de libertad, independencia, autonomía electoral, separación y equilibrio de poderes que se requerían.

Igualmente, citaron las publicaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que convocaban a diferentes organizaciones sociales para que marcharan frente al Palacio con el fin de agilizar la elección de la nueva sucesora de Francisco Barbosa.