La contrarreforma a la salud presentada el pasado miércoles por los partidos Conservador, Liberal y la U coincide en algunos puntos de su articulado con la propuesta radicada por el Gobierno, como en el fortalecimiento de la atención primaria, pero se apartan definitivamente en el futuro que tendrían las EPS, una de las propuestas más sensibles en la iniciativa encabezada por Carolina Corcho.

En efecto, la U ha llevado la bandera de que esa ley debe hacerse sobre lo construido y no partir de la intención de acabar con lo que se tiene en la actualidad, al tiempo que ha prendido las alarmas en la gestión del riesgo.

En ese sentido, la senadora por esa colectividad Norma Hurtado menciona que “proponemos que la gestión del riesgo en salud y la administración del riesgo financiero no queden exclusivamente en manos del Estado, sino de forma compartida con las entidades Gestoras de Salud y Vida”.

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“Queremos que se garantice el derecho de los usuarios a elegir su entidad gestora, su centro de atención primaria y su médico con enfoque familiar. Además proponemos reducir el porcentaje de administración al 5 % para las Entidades Gestores de Salud y Vida y que se condicione un 3 % a los resultados en salud, la satisfacción de usuarios, la gestión financiera y la calidad de la atención”, añade.

Ese partido ha expresado que se identifica con el proyecto del Gobierno en cuanto a la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud y en regular la posición dominante que tienen las EPS en el manejo de los recursos públicos, así como en terminar con la integración vertical.

La senadora observa que también han propuesto “la creación de un Fondo de Garantías del Sector Salud para que se reconozcan las deudas a los hospitales y clínicas cuando se retire una gestora del sistema”.

El Partido Conservador también había sido muy crítico en que la reforma presentada por el Ejecutivo debía mantener el aseguramiento como se conoce hoy, para garantizar un servicio al que puedan acceder todos los colombianos, principalmente quienes viven en zonas apartadas del país.

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Al respecto, el senador José Alfredo Marín señala que la propuesta presentada por las tres colectividades “incluye un sistema de aseguramiento social, universal y mixto con agentes públicos, privados y con un régimen único de salud para todos, preservando el principio de solidaridad”.

Explica que “las EPS se transformarán en Entidades Gestoras de Salud y Vida que no tocarían un peso y que se dedicarían a gestionar de manera integral los riesgos en salud y a administrar los riesgos financieros de manera compartida con el Estado”.

Y que, “contrario a la propuesta del Gobierno, no estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud. Por ello, proponemos más garantías laborales para el talento humano en salud, pero no impulsaremos que el Presidente tenga facultades extraordinarias para ello”.

De su lado, los liberales habían centraron el debate en que el trámite del proyecto debía ser de carácter estatutario, porque “la Ley 1751 de 2015 impone superioridad del Sistema de Salud por sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sgsss, y, reiterando que en la práctica son lo mismo, se concluye, entonces, que una modificación sobre el Sgsss es una modificación del Sistema de Salud y de la Ley Estatutaria”, según explicó en su momento el líder de la colectividad, el expresidente César Gaviria.

¿Qué quiere el Gobierno?

El proyecto radicado por el Ejecutivo pretende un fortalecimiento de la Nueva EPS, para que tenga la capacidad de cubrir a los usuarios que se queden sin aseguramiento por la liquidación de algunas EPS.

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Respecto a la financiación para lograr esa transición al nuevo sistema de salud, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, Adres, sería fortalecido para convertirse en un pagador único en el que los recursos salgan del Estado hacia las empresas que presten los servicios. Esos ingresos estarían definidos por los aportes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud.

Sobre la atención primaria, la iniciativa pretende crear una red de Centros de Atención Primaria (CAP) para atender a los usuarios y organizar el territorio, con un promedio de 25.000 pacientes en cada uno y trabajaría mediante un modelo mixto conformado por redes integrales de salud, además de mecanismos conformados por entidades públicas, privadas y mixtas.

Justamente, ayer el presidente Petro y la cabeza del Senado, Roy Barreras, se reunieron en la Casa de Nariño para analizar el hecho de que la discusión de la iniciativa legislativa radicada por el Gobierno Nacional no ha avanzado en el Congreso.

Y al comparar la iniciativa de los tres partidos oficialistas con la del Ejecutivo, Barreras dijo: “Son más los acuerdos que los desacuerdos, las líneas básicas del Presidente, y que nosotros defendemos, son privilegiar la estrategia de atención primaria, garantizar que la prevención de la enfermedad esté primero y garantizar el pago directo para que no haya intermediación de las EPS en el manejo de los recursos públicos”.

Añadió que “eliminar la integración vertical y el sistema de posición dominante que ha hecho que en el pasado muchas EPS hayan abusado de la posición dominante en favor propio son elementos en los que podemos ponernos de acuerdo. Habrá que hacer un capítulo de transición para aprovechar los 30 años de experiencia en sistemas de calidad, de auditoría, de información, de historia clínica, en línea que tienen hoy las mejores EPS”.

Otras diferencias

Respecto a la reforma presentada por los tres partidos que hacen parte de la coalición de Gobierno, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señala que “la contrarreforma de nuestro partido prohíbe cualquier posibilidad de intermediación laboral. Es categórico en prohibir figuras de tercerización laboral. Es decir, todos los médicos, personal asistencial, camilleros, enfermeras, deben tener un contrato laboral. Esa deuda la tenemos con todos ellos y desde la época de la pandemia se ha hecho mucho más evidente”.

Además, en la reforma de Cambio Radical “se robustece la atención primaria y se crea el médico de la familia con capacidad resolutiva, que es un concepto integral, mientras que en la del Gobierno mantienen los centros de atención primaria en salud, que es una propuesta del Gobierno y no tiene el impacto en la magnitud de la presentada por el nuestro partido”, agregó.