Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue acusado formalmente el excongresista y exgobernador de Bucaramanga, Richard Aguilar Villa, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Los hechos por los que se investiga a Aguilar habrían ocurrido cuando fue mandatario departamental, entre 2012 y 2015.

En el escrito de acusación que presentó la Fiscalía, resalta que el exmandatario habría constituido una ‘empresa criminal’ para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle coimas por el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.

Presuntamente participó en la celebración irregular de por lo menos seis contratos de infraestructura: el Corredor vial San Gil - Charalá – Límites, el suministro del PAE, el Tercer Carril, el corredor vial Agroforestal y el reforzamiento del estadio Alfonso López, contratos que superaron los $500 mil millones.

Lea además: Luego de 19 años del atentado al Club El Nogal, víctimas solicitan que el caso llegue a la JEP

Cabe recordar que la acusación se presenta luego de que la Sala negó las pretensiones del abogado Iván Cancino, defensor de Aguilar, quien había alegado que su cliente no fue vinculado formalmente al proceso y que no se podía equiparar una indagatoria con una audiencia de imputación de cargos.

En la audiencia de  este martes, Cancino solicitó a la Fiscalía Delegada ante el alto tribunal, reformular el escrito de acusación argumentando que se vulneró el debido proceso y que existían algunas inconsistencias en la audiencia de indagatoria y en la acusación.

El defensor aseguró que la Fiscalía no fue clara en señalar la forma en la que se supone que se dio el pago de las supuestas coimas del 10% en los contratos y que se estaban cruzando procesos, mencionando en este caso al excongresista Edwin Ballesteros, también salpicado en este escándalo.

Sin embargo, la Fiscalía explicó que la indagatoria y la acusación fueron pertinentes y que aseguró que las presuntas coimas se pagaron a través de facturas falsas, de obras no ejecutadas y mayores precios unitarios a los materiales de las obras. Así mismo, el ente acusador aseveró que se cambió sustancialmente el objeto del contrato del Estadio Alfonso López.

La próxima cita en la Corte para definir el futuro de Aguilar, quedó citada para el próximo martes 5 de abril a las 8 de la mañana.

Le puede interesar: Juan Fernando Cristo es el nuevo coordinador de campaña de la coalición Centro Esperanza

Cabe mencionar que hace solo tres días, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento al exasesor y exdirector de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Julián Libardo Jaramillo; quien trabajaba para Aguilar y al contratista de la obra del estadio de Bucaramanga, Octavio Reyes Sarmiento.

Estas dos personas estarían involucradas en múltiples irregularidades detectadas en las fases precontractual, contractual y de ejecución del contrato 766 de 2015, cuyo valor ascendió 22.027 millones de pesos.

En un video, que hace parte de las pruebas obtenidas por la Fiscalía en el proceso por la presunta red de corrupción en la administración de Richard Aguilar, Claudia Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura departamental, y Lenin Pardo, excontratista de la Gobernación, principales testigos en contra del exgobernador de Santander, hablan sobre qué beneficios tendrían si se niegan a involucrar a Aguilar en los hechos de corrupción que hoy se investigan.

En la conversación, que habría tenido lugar en marzo de 2019, participa Julián Jaramillo Díaz, quien en este diálogo asegura que cuenta con el dinero que sería entregado a la pareja para evitar que contaran la verdad a la justicia sobre los contratos investigados.

En los videos se oye a Jaramillo, en su papel de intermediario, decirle a los esposos que pongan una condición, al parecer, para evitar hablar con la justicia. Les repite que el dinero acordado ya está y serían $2.800 millones.