La inminente expiración del contrato con Thomas Greg & Sons para la fabricación de pasaportes, el próximo 3 de octubre, ha vuelto a poner al país en la incertidumbre por la posibilidad de que muchos colombianos tengan problemas para salir del país.
Aún no hay claridad sobre quién continuará con la producción de estos documentos durante el periodo de transición, que se extendería hasta 2025, cuando la Imprenta Nacional asuma el proceso de manera definitiva, según se ha anunciado.
“No hay ninguna afectación a la expedición de estos pasaportes, ni lo habrá después del 3 de octubre”, aseguró el canciller Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, las declaraciones oficiales contrastan con la realidad de un proceso marcado por la improvisación y la falta de claridad, aseguran analistas y sectores políticos.
La Procuraduría y la Contraloría, por ejemplo, le exigieron la semana pasada al Gobierno una explicación detallada sobre cómo planean resolver la expedición del documento.
En respuesta, el Ejecutivo inició acercamientos con Thomas Greg & Sons para explorar la posibilidad de ampliar el contrato actual. Además, se evaluará la conciliación de la demanda interpuesta por la empresa contra el Estado colombiano por el incumplimiento del acuerdo anterior.
Una decisión que genera debate, ya que contradice la postura inicial de la Casa de Nariño de promover la competencia en el sector, que fue la que le acarreó tantos problemas al excanciller Álvaro Leyva, al punto que terminó saliendo del cargo.
Germán González, analista político, señaló que la situación es “más compleja de lo que parece”, anotando que, aunque el Ejecutivo busca soluciones, “aún no se han concretado acuerdos claros con Thomas Greg & Sons, y la incertidumbre crece a medida que se acerca la fecha límite”.
“Se va a buscar conciliar dos cosas: primero, encontrar la forma de que se pueda extender el contrato actual para evitar una crisis en los pasaportes. Segundo, negociar el pleito jurídico sobre la demanda multimillonaria que presentó la multinacional”, precisa.
Según González, la presión para llegar a un acuerdo con Thomas Greg & Sons es alta. El tiempo es limitado, la decisión sobre la demanda es inminente y el Gobierno busca evitar una crisis que pueda afectar su imagen.
“Es una puja en la que pierde, pero también gana el Ejecutivo”, afirma el analista. “Pierde, porque le toca ceder en su discurso ideológico, pero gana porque al final podría encontrar una salida a la situación y evitar una crisis con los pasaportes”, comenta.
Thomas Greg & Sons, que actualmente tiene una demanda por $ 117 mil millones contra el Estado, habría sido contactada por la Imprenta Nacional para solicitar una cotización y llevar a cabo un estudio de mercado sobre la expedición de pasaportes en el país.
Las consecuencias de no encontrar una solución a tiempo podrían ser graves. La capacidad de la Cancillería para tramitar pasaportes se vería afectada, generando largas filas y retrasos. Además, la incertidumbre podría llevar a una ola de solicitudes, colapsando el sistema, que requiere ser muy ágil.
La falta de un plan de contingencia efectivo podría afectar a miles de colombianos que dependen del documento para viajar o realizar trámites internacionales, enfatizó González.
Ante la falta de claridad, la presión aumenta sobre el Gobierno para que se tomen decisiones rápidas y efectivas y “es esencial que se agilicen las negociaciones y se establezca un plan claro para evitar un vacío en la expedición de pasaportes”.
Con el tiempo en contra y el país esperando, las autoridades se encuentran en una carrera contrarreloj para garantizar que la transición hacia el nuevo modelo de trámite del documento se realice sin contratiempos.