Como ya se especulaba desde varios sectores del país, Armando Benedetti fue elegido como el nuevo jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro, un nombramiento que desató una ola de rechazo, no solo por su pasado en el Ejecutivo, sino por su expediente judicial.
Y es que quien fungió como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuenta con investigaciones por corrupción y denuncias por violencia intrafamiliar, en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
Uno de los episodios más sonados que envuelven a Benedetti es el de la presunta financiación irregular de la campaña ‘Petro Presidente’ del 2022, a la cual habrían entrado dineros manchados por el narcotráfico.
La Fiscalía, en concreto, busca determinar si durante esta campaña presidencial se cometieron infracciones al régimen de financiación de partidos y movimientos políticos, así como violación de los topes establecidos para el manejo de recursos.
Entre las pruebas presentadas en este caso, se destacan unos audios en los que el político está hablando con Laura Sarabia, hoy nombrada embajadora de Colombia, de supuestos manejos indebidos de plata que implicarían a más personas del Ejecutivo.
Ante su presunta participación en este entramado, Benedetti ha sido llamado por la Corte Suprema de Justicia para declarar. Sin embargo, al menos en la última citación que fue el 27 de enero, el ahora jefe de despacho no llegó a la cita.
El otro proceso que se adelanta en su contra es el relacionado con el escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) en el que se la acusa del delito de tráfico de influencias, pero que él ha rechazado energéticamente.
Según varios medios, esta situación se haría oficial en los próximos días, luego de un debate en la sala plena de ese alto tribunal cuyo proceso está en manos de la magistrada Cristina Lombana, que ha tenido la mayoría de los casos contra Benedetti.
Pero la lista no termina ahí, pues el también exsenador enfrentaría delitos contra mecanismos de participación democrática. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando Benedetti renunció al Congreso y luego asumió como embajador en Venezuela. En ese momento, la Corte Suprema decidió que el fuero actual de un funcionario prevalecía, por lo que perdió la competencia para investigarlo y trasladó los casos a la Fiscalía.
Sin embargo, tiempo después, cuando Benedetti dejó de ser embajador, por el escándalo que provocó el caso de Sarabia al interior del Gobierno Nacional, los casos regresaron al alto tribunal y se generó una nueva discusión tiempo después cuando fue nombrado ante la FAO por el fuero que otorga el cargo de embajador.
Dejando a un lado lo político, este nuevo alto funcionario también se ha visto en el ojo del huracán por presunta violencia intrafamiliar, pues en julio del año pasado, cuando fungía como embajador, salió a la luz un incidente de violencia doméstica en Madrid contra su esposa.
Según se conoció en su momento, cuando las autoridades llegaron al lugar, la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, supuestamente “denunció que su esposo había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole ropa”.
Este hecho desencadenó una ola de rechazo y repudió no solo por parte de los colombianos, sino de la Cancillería colombiana. Sin embargo, en noviembre Guerrero negó haber sido objeto de violencia intrafamiliar como se había denunciado.