Los abogados Carlos Rodríguez y Héctor Carvajal, representantes de Daniel Quintero, anunciaron que ya presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las respectivas medidas cautelares para proteger los derechos del recién suspendido alcalde y que se reunirán con esta Comisión el próximo lunes.

“Solicitamos unas medidas cautelares para que el derecho del alcalde Quintero sea restablecido por una orden de la Comisión Interamericana, ese derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido y el derecho de los electores, porque los electores también tiene derechos”, manifestó Carlos Rodríguez.

El abogado que representará a Quintero a nivel internacional dijo que la solicitud de estas medidas ya fueron presentadas y que el lunes van a asistir con Daniel Quintero, a entrevistarse con la Secretaría Ejecutiva y con el personal en Washington, en donde presentarán el caso y buscarán demostrar cómo el Gobierno está desafiando una decisión de la Corte y de la convención.

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“La decisión de la Procuraduría no solamente viola la convención sino la constitución, porque la convención está incorporada al derecho interno con la misma jerarquía de la constitución (..) La sanción solo la puede imponer un juez en una causa penal, y desacata las sentencias de la Corte Interamericana, porque la Corte ya le dijo en un auto de noviembre que esa sala jurisdiccional no cumple las condiciones de ser un juez en una causa penal, y Colombia debe acatar las sentencias”, explicó el abogado Rodríguez.

El alcalde Daniel Quintero fue suspendido el pasado 11 de mayo, por su presunta participación en política. “La procuraduría General de la Nación tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”, señaló en ese momento la procuradora Margarita Cabello Blanco.

La jefe del Ministerio Público agregó que ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades políticas de los partidos y movimientos políticos, y actuar en las controversias políticas.

Desde el momento de la suspensión, Quintero se ha defendido de las acusaciones argumentando presuntas faltas al debido proceso en las que, según él, incurrió la Procuraduría.