En las dos audiencias públicas de la JEP, que se llevaron a cabo en Medellín y Dabeiba, el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, uno de los 17 militares que comparecieron, reconoció que asesinó personas inocentes que no pertenecían al conflicto armado.
Ochoa afirmó que no eran un par de manzanas podridas, la realidad es que esta práctica era sistemática y ordenada por los altos mandos militares que mandaban en ese momento.
“Estos ‘falsos positivos’ se vuelven sistemáticos cuando el general (r) Mario Montoya tomó el mando de la Séptima División. Con sus insinuaciones, él nos decía que los únicos resultados que contaban eran los muertos”, declaró Ochoa.
A raíz de estos hechos y luego de múltiples señalamientos, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez reconoció en su cuenta de Twitter que estos casos criminales le causan dolor y que las ejecuciones extrajudiciales “cometidos durante mi Gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”.
Las palabras de Uribe levantaron muchos comentarios tanto de admiración como de rechazo. Posteriormente el Centro Democrático, afirmó en un comunicado: “De las 11 víctimas identificadas en Dabeiba, más de la mitad de los asesinatos fueron previos al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Repudiamos y condenamos los crímenes sin importar el periodo en el que fueron cometidos.”
Además, se agregó que, “durante el periodo de la seguridad democrática nunca se desestimó una denuncia y la directriz siempre fue actuar a tiempo bajo la estricta observancia d los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
Controvertidas declaraciones
Que el expresidente Uribe reconociera los falsos positivos generó rechazo entre algunas víctimas. Los directos afectados por el conflicto y la guerra afirmaron que no hubo un reconocimiento por parte del entonces presidente, por el contrario, fue una excusa para culpar a otros gobiernos e instituciones.
Además, muchos recordaron un hecho muy cuestionado que el partido político del expresidente Uribe realizaron por medio de las redes sociales. Cuando la JEP realizó una exhumación de cuerpos en Dabeiba en 2020, el Centro Democrático estigmatizó a una víctima de ‘Falsos Positivos’.
Edison Lezcano Hurtado, un campesino de 22 años asesinado por el Ejército, fue revictimizado cuando el grupo político afirmó que todo era una “fake news”, ya que, si el joven no hubiera sido un criminal de las FARC, por qué razón “¿su cuerpo estaba junto al de un guerrillero activo?”.
Solicitan a la JEP intervenir un predio en Pradera por posible fosa común
Un predio localizado en el municipio vallecaucano de Pradera está bajo la mira de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) después de que un grupo de víctimas allegaran a la entidad una solicitud de intervención en este lugar.
La petición se realizó debido a que es posible que allí, en el predio denominado La Carbonera, exista una fosa común utilizada para sepultar cuerpos de víctimas de desaparición forzada que fallecieron en el marco del conflicto armado que se vivió en el país durante varias décadas.
“La JEP inició el estudio de una solicitud de medidas cautelares sobre un predio ubicado en el municipio de Pradera, Valle (…) La decisión la adoptó la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP”, informó el tribunal especial.
Al estudio fueron vinculadas la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), para que estas entidades en conjunto “entreguen la información que posean frente a este predio y la posible existencia de la mencionada fosa común, y las acciones que puedan estar realizando allí”, concluyó el organismo.
Esto hace parte del reforzamiento de los procesos que la Jurisdicción está realizando debido a que, según manifestó Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la entidad, los familiares de personas desaparecidas o asesinadas en el conflicto están llegando a sus últimos años de vida y, en consecuencia, están muriendo sin conocer la verdad de lo que ocurrió con sus allegados.